El pasado mes de noviembre se cumplieron 100 años del inició de la revolución mexicana y 95 del “Proyecto de la Ley General del Trabajo” emitido en Cuernavaca, Morelos, el 7 de noviembre de 1915 por parte del Consejo Ejecutivo de la Convención Nacional Revolucionaria, que aunque ya debilitada, expresa una cierta radicalidad de la misma bajo la influencia zapatista.
Dicho “Proyecto” se encuentra entre los manifiestos, solicitudes, planes, decretos, leyes y otros documentos elaborados por el movimiento zapatista entre 1911 y 1920 para ir respondiendo a los problemas, necesidades y objetivos (inmediatos, locales y nacionales) que iban surgiendo durante la lucha armada, pero que son poco conocidos. Pues, generalmente se considera el “Plan de Ayala”, si no como el único, sí como el más importante documento zapatista, reduciendo la lucha de tal movimiento a la simple reivindicación agraria.
Sin embargo, si se busca y analiza otros documentos1[1], podremos conocer un poco más de los objetivos políticos, económicos y sociales de la lucha zapatista. Así, por ejemplo, revisando los Proyectos de Ley, se puede ver cuáles eran las necesidades más urgentes de los zapatistas y que no fue sólo la cuestión agraria lo que les preocupaba resolver, sino también los problemas de educación, salud pública y seguridad social, así como de infraestructura y laboral.
Es al aspecto laboral al que nos referiremos a continuación. No por simple curiosidad o erudición historiográfica, como algo que ya pasó o terminó con el asesinato de Emiliano Zapata en abril de 1919, sino con la intención de recuperar la memoria histórica (que intenta borrar la burguesía) de la clase trabajadora en su lucha contra la miseria y explotación que siguen existiendo a 100 años de la revolución.
Desarrollo del capitalismo
El trabajo asalariado, característica fundamental del capitalismo, existe en México desde la segunda mitad del siglo XVI en la industria minera, pero es hasta mediados del siglo XIX (después de la guerra de independencia), cuando el capitalismo empieza a dominar con mayor fuerza en la industria textil, la minería y los ferrocarriles, aunque se va extendiendo a la industria del papel, el vidrio, el cemento, la cervecera y a principios del siglo XX la industria siderúrgica y eléctrica.
Durante el gobierno de Juárez (1858-1863), con las Leyes de Reforma que favorecían el avance del capitalismo y el mercado interior, no se resolvió realmente el problema agrario y mucho menos el laboral, pues según la doctrina liberal, el Estado no debía intervenir en las relaciones obrero patronales. Las pocas medidas legislativas que existían en el tema laboral, eran muy limitadas y en la mayoría de los casos no se respetaban.
Para fines del siglo XIX y principios del XX, la economía mexicana se caracteriza por un desarrollo desigual y combinado, en la que coexistían unidades producción capitalista (fábricas textiles, minas, haciendas) con unidades de producción precapitalistas y no capitalistas (talleres artesanales, haciendas “tradicionales”, rancherías y comunidades campesinas) que complementaban a las primeras, en un contexto de expansión mundial del capitalismo que estaba transitando de la libre competencia a la fase monopólica imperialista.
Inicios de la lucha obrera
De forma paralela a su desarrollo, el capitalismo iba fortaleciendo al proletariado, clase que por su papel en la producción económica, está destinada a derribar este sistema explotador. Así, pues, al lado de aproximadamente 12 millones de campesinos, jornaleros o peones, se iba desarrollando el incipiente proletariado mexicano, aunque apenas superior a los tres millones de obreros sobreexplotados.
El proceso de lucha de esta incipiente clase obrera para defender sus derechos frente al capital empieza a través de asociaciones mutualistas y cooperativas a mediados del siglo XIX, mismas que conllevan a la fundación del Gran Círculo de Obreros de México, el 16 de septiembre de 1872, uno de los gérmenes del sindicalismo en nuestro país.
A pesar de estar prohibidas, durante la década de los setenta del siglo XIX, estallaron diversas huelgas (de sombrereros, barreteros y textileros, entre otros) contra el desempleo, por la suspensión del trabajo nocturno, la reducción de la jornada laboral y por aumento salarial. Y es que las jornadas diarias de trabajo eran de 14 a 15 horas con salarios miserables que apenas alcanzaban para comer; tiendas de raya mediante las cuales los patrones extendían sus ganancias; trato inhumano de capataces y jefes; explotación de mano de obra infantil; ausencia de seguridad social y medidas de protección al trabajo, así como represión a toda forma de organización colectiva.
Era tal hartazgo de los trabajadores ante tal situación de explotación bajo el porfiriato (1876-1911) que llegan a contabilizarse oficialmente 250 huelgas. Las más emblemáticas de aquellas son las de los mineros de Cananea, Sonora (1906); la de los obreros textiles de Río Blanco, Veracruz (1907); y la de los ferrocarrileros (1908), encabezadas por la tendencia anarquista de los hermanos Flores Magon y su Partido Liberal Mexicano, que, aunque fueron ferozmente reprimidas por el régimen de Porfirio Díaz, anticipaban la caída del dictador.
Estalla la lucha armada
Dos años después de haber sido derrotada la última de aquellas luchas obreras, en noviembre de 1910, inicia el movimiento armado campesino que terminará con el derrocamiento del dictador (Díaz sale del país en mayo de 1911) que es sucedido por Francisco I. Madero. Como se sabe, los intereses de clase de este último fueron un factor determinante para que no cumpliera con las demandas de los sectores campesino y obrero en los que se apoyó para luchar contra el régimen porfirista.
Viendo traicionados los intereses de las masas campesinas, Villa y Zapata continúan luchando, ahora contra Madero, luego contra Victoriano Huerta y finalmente contra Venustiano Carranza. En el caso de los obreros, diversos sectores (sastres, albañiles, impresores, carpinteros, cocheros, panaderos y artesanos de la capital) empezaron a organizarse en sindicatos para defender sus derechos frente a los empresarios, en su mayoría extranjeros. A mediados de 1911 estallan diversas huelgas en todo el país, el movimiento obrero empieza a recuperarse y funda en septiembre de 1912 la Casa del Obrero Mundial (anarquista de palabra y colaboracionista en los hechos) que interviene en más de 70 huelgas desarrolladas durante su primer año de existencia.
En octubre de 1914 la Convención Nacional Revolucionaria formada en Aguascalientes y dominada finalmente por los jefes militares zapatistas, se pronuncia a favor del Plan de Ayala, desconoce a Carranza como presidente y en diciembre del mismo año Villa y Zapata ocupan la capital del país. Pero la ausencia del partido revolucionario, la falta de un programa y política claros, opuestos al de la burguesía carrancista y reformista de Obregón, para romper con el capitalismo, llevó a perder las posiciones políticas ganadas y a la permanencia de Carranza en el poder.
Los obreros, aunque simpatizaban con la lucha campesina, carecían de una dirección revolucionaria a nivel nacional. La política de los dirigentes sindicales se inclinó a vincularse con el gobierno burgués de Carranza, que en enero de 1915 logra el apoyo de la Casa del Obrero Mundial (a través de los famosos “batallones rojos”) para combatir a las fuerzas revolucionarias de Villa y Zapata con la promesa de que su gobierno dictaría leyes a favor de los obreros. Al año siguiente, cuando Carranza no sólo no cumplió ninguna de sus promesas, sino que reprimió al movimiento campesino y las luchas obreras, los grupos obreros opuestos a la alianza pactada en secreto por los dirigentes sindicales de la COM, con el Sindicato Mexicano de Electricistas al frente, protagonizan la huelga general de julio-agosto de 1916.
La Comuna de Morelos
A fines de enero de 1915, mientras Obregón (aliado de Carranza) combatía al ejército de Villa para recuperar el control el centro y norte del país, se desarrolló uno de los episodios de mayor significación histórica, pero poco conocido, de la revolución mexicana [2]. Y es el proceso de la puesta en práctica del “Plan de Ayala” por parte de los campesinos de Morelos que liquidaron los latifundios (mediante el reparto de la tierra) y las unidades de producción capitalista en la región (expropiando y nacionalizando sin pago los ingenios azucareros); acciones que la Convención Nacional Revolucionaria intentó generalizar a nivel nacional a través de leyes y decretos, pero era cuando las fuerzas zapatistas revolucionarias se habían replegado y por ello, no pudieron trascender las fronteras locales de Morelos.
Entre los Proyectos de Ley para solucionar problemas inmediatos y locales de los campesinos estaba, por ejemplo, el de “Organización y funcionamiento de las Juntas de Reformas Revolucionarias” (25 de octubre de 1915) para la distribución de la tierra; la “Ley General sobre Libertades Municipales (15 de septiembre de 1916) y la “Ley sobre ingresos del estado y municipales” (18 de septiembre de 1916) y administrativa para el estado de Morelos (17 de marzo de 1917), entre otras. En cuanto a las leyes para aplicarse a nivel nacional se dictaron varias relativas al problema de la educación (27 de noviembre de 1915), la justicia (1° de diciembre de 1915), la imprenta (8 de enero de 1916) y los impuestos (17 de diciembre de 1915), así como la “Ley sobre la supresión del Ejército Permanente (3 de noviembre de 1915) que reprimía a los pueblos.
Con la misma visión nacional, también se dictaron leyes en materia de trabajo de obreros, funcionarios y empleados, tales como, la “Ley sobre formación del Ministerio del Trabajo y de justicia” (25 de octubre de 1915), la “Ley sobre accidentes del Trabajo” (27 de octubre de 1915), la “Ley General sobre Funcionarios Públicos” (2 de noviembre de 1915) y el “Proyecto de la Ley General del Trabajo” (7 de noviembre de 1915), para incluir a los diversos sectores de la clase trabajadora en la lucha de los zapatistas. Entre las reivindicaciones económicas de los trabajadores, este Proyecto de Ley consideraba demandas de las anteriores luchas obreras, tales como que:
- La jornada máxima de trabajo debería ser de ocho horas,
- Debería ser obligatorio el descanso dominical,
- Pago de horas extras,
- El salario mínimo por ningún motivo sería menor a la cantidad que bastare para la subsistencia del trabajador y su familia,
- Prohibido el trabajo nocturno o subterráneo para las mujeres y toda clase de trabajo para éstas durante la gestión y para los niños menores de 14 años, debiendo estos últimos recibir instrucción,
- Condiciones de salubridad e higiene para precaver a los trabajadores de enfermedades, del agotamiento prematuro y de los riesgos inherentes al trabajo que preste.
Como se observa, la clase obrera, aunque numéricamente pequeña, empezaba a tener un peso político muy importante. Esto se expresó en la inclusión de sus demandas tanto en las disposiciones zapatistas como en el programa de la burguesía que se vio obligada a legislar sobre ellas en la Constitución de 1917 (artículo 123) y luego en la Ley Federal del Trabajo el 28 de agosto de 1931.
¡No a la contrarreforma laboral!
No obstante, a pesar de haberse legislado sobre los derechos laborales de los trabajadores para contener sus luchas, apoyarse en ellos y consolidar su estado, la burguesía ha tratado permanentemente de eliminar, reducir al mínimo o simplemente no respetar cada una de esas conquistas que le fueron arrebatadas por la clase trabajadora. Si se consideran, por ejemplo, algunos de los postulados básicos que incluye el artículo 123 constitucional, la realidad actual es muy diferente a lo plasmado en el papel.
- “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos...”
Pero, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo de septiembre de 2008 al mismo mes de 2010, el desempleo se ha incrementado en un 68%, pasando oficialmente de un millón 909 mil 728 a casi 2.7 millones de personas desocupadas (más de la mitad jóvenes) que buscan infructuosamente trabajo (La Jornada, 26/11/10). Y el propio Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), reconoce que la precarización de las condiciones laborales en el país se ve reflejada en el hecho de que la tercera parte de la población ocupada labora en la informalidad y casi la mitad de los trabajadores remunerados a escala nacional no cuentan con prestaciones de ley (La Jornada, 16/11/10), son precarios y temporales.
- “La duración de la jornada máxima será de ocho horas”
Sin embargo, en relación a las horas de trabajo y considerando el salario mínimo con que cuentan al rededor de la mitad de los trabajadores en nuestro país, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM indica que, si en diciembre de 2006 los trabajadores tenían que laborar 13 horas 17 minutos, para el mes de agosto pasado tenían que trabajar 23 horas para poder adquirir íntegramente la CAR. Así que para acceder únicamente a la canasta alimenticia recomendable (CAR) con un salario mínimo el trabajador y su familia tienen necesariamente que sumar jornadas laborales diarias de más horas para sobrevivir.
- “Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos…”
Pero en lo que va del sexenio de Calderón, de acuerdo con el INEGI, nueve de cada diez personas que se han sumado al mercado laboral perciben menos de dos salarios mínimos (La Jornada, 06/12/10). Y de acuerdo con estadísticas del CAM, de diciembre de 2006 al mes de agosto pasado, el precio de la CAR se había incrementado más de 104% (al pasar de 80.83 a 165.15 pesos), mientras en el mismo periodo, el salario mínimo apenas aumento un 17% (pasando de 48.67 a 57.46 pesos), durante el autodenominado gobierno del “para vivir mejor”.
Con esto, según el CAM, la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el gobierno de Calderón es ya superior a la sufrida en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, y similar a la experimentada durante la llamada década perdida de los años 80 del siglo pasado. Sólo en el rubro de los alimentos, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario en el mes de agosto era ya de 42%, sin tomar en cuenta otras necesidades como gas, renta, aseo personal y del hogar, lo que significarían una pérdida del 47% en el poder adquisitivo de los trabajadores.
La situación es más grave todavía para el caso de las personas que se ubican en el sector rural, pues según señala la Confederación Nacional Campesina (CNC), el encarecimiento de la canasta básica ha sido de 115% y la pérdida del poder adquisitivo de las familias rurales de 44% durante el gobierno espurio de Calderón (La Jornada, 13/12/10).
- “El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes… así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores…”
Sin embargo, las condiciones de seguridad e higiene no son respetadas en la mayor parte de los centros de trabajo; basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos en 2006 y la guardería ABC en 2009. O el homicidio industrial cometido contra las trabajadoras de Coppel, en Sinaloa, el pasado 10 de noviembre, que muestra las verdaderas condiciones de inseguridad y explotación que sufren miles de trabajadores y trabajadoras en los grandes centros comerciales y de servicios.
- “…los obreros tendrán derecho… para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”.
La libertad de asociación, también es ficticia. Casos como el feroz ataque del gobierno contra el sindicato minero y el de los electricistas, son prueba de los intentos permanentes de la burguesía por acabar con las organizaciones tradicionales de los trabajadores. Hoy justamente, en la propuesta panista de contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo se plantea imponer mayores requisitos para el registro de sindicatos y emplazamiento a huelga.
La única alternativa es la revolución socialista
Como vemos, la burguesía mexicana (supeditada completamente al capital extranjero) no sólo no ha resuelto ninguna de las demandas sociales que dieron origen a la revolución mexicana, sino que en materia laboral y con su administrador Calderón en el gobierno pretende eliminar por completo todos los elementos progresistas que contiene la Ley Federal del Trabajo. Porque, si bien es cierto que dicha ley, desde sus orígenes contiene una serie de restricciones a los derechos de los trabajadores (por ejemplo, el que Estado se adjudica el derecho de reconocer la existencia o no de un sindicato y en ese sentido declarar legal o ilegal una huelga, entre otras) y deben luchar por modificarlas a su favor, de llevarse a cabo la contrarreforma significaría un retroceso social de prácticamente 100 años.
Mientras sigamos viviendo bajo el capitalismo, el derecho a un trabajo digno, educación, salud, vivienda, recreación, etcétera, serán inaccesibles para los trabajadores que, sin embargo, son quienes producen la riqueza en la sociedad. De esto van siendo conscientes los trabajadores en nuestro país y a nivel internacional. Pues estos mismos ataques a sus conquistas laborales están recibiendo los trabajadores de los países desarrollados de Europa, mediante los planes de ajuste y austeridad de sus gobiernos nacionales a los cuales han respondido con multitudinarias movilizaciones y huelgas generales.
La revolución mexicana no ha terminado y la lucha por los derechos laborales continua. Sólo la clase obrera, apoyada por los campesinos pobres y demás sectores sociales oprimidos y explotados, puede acabar con la actual crisis orgánica del capitalismo y resolver definitivamente las demandas democráticas de la revolución iniciada hace 100 años. Para ello debe dotarse de una dirección auténticamente revolucionaria, armada con el programa de lucha por la revolución socialista a nivel nacional e internacional que expropie a los expropiadores. ¡Únete a la Tendencia Marxista Militante y luchemos juntos para frenar a la derecha representada por el PAN y el PRI, contra el sistema capitalista y por la revolución socialista a nivel internacional!
Notas:
1. Los documentos a que se hace referencia se pueden consultar en: Espejel, Laura y otros. Emiliano Zapata. Antología.
2. Ver el libro “La revolución interrumpida” de Adolfo Guilly y el de John Womack titulado “Zapata y la revolución mexicana”.
