Ha finalizado la primera década del siglo XXI dejando un panorama desolador para millones de trabajadores en todo el mundo como consecuencia de la peor crisis económica del capitalismo desde los años treinta. En el ámbito nacional los primeros balances de la década en el terreno agrícola no son nada alentadores, pues sólo reflejan el interés de la burguesía por quebrar al campo mexicano y con ello el gran potencial y cúmulo de tradiciones de lucha que tienen los trabajadores agrícolas.

Para marzo de 2010, por ejemplo, de 33.8 millones de habitantes en el medio rural mexicano, sólo 8.1 millones se encontraban ocupados en las actividades agrícolas y ganaderas. Del total de la población rural, y producto de la crisis, 37 % no recibía ingreso (12 millones 506 mil personas); 25 por ciento obtenía hasta un salario mínimo (8 millones 450 mil); 26.9 por ciento, recibía de uno a dos salarios mínimos (9 millones 92 mil 200); ocho por ciento, de dos a cinco salarios mínimos (2 millones 704 mil personas), y sólo 5.1 por ciento (un millón 723 mil 800 personas) contaba con un ingreso superior a los cinco salarios mínimos (La Jornada, 23/09/10).

Lo anterior explica, por qué el número de agricultores que, trabajando arduamente en el campo, no pueden comprar la canasta básica llegue a 30 millones 48 mil 200 personas; es decir, el 88.9 por ciento de los campesinos en México no pueden adquirir la canasta básica, y quienes medianamente pueden consumir una canasta con los ingresos actuales llegan a ser únicamente 2 millones 704 mil personas. Ante esta cruda realidad, a fines del año pasado la CNC (Confederación Nacional Campesina) se vio obligada a reconocer que de 2000 al 2010 el precio de la canasta básica había aumentado 68% y el precio de la tortilla se había incrementado en 300%, mientras que el salario mínimo manifestaba una caída del 26% en términos de su poder adquisitivo.

Este 2011 no representara un mejor año para el campo mexicano. De primera instancia se enfrenta a una reducción del 6.9% del presupuesto federal, o lo que es igual, al recorte de 10 mil millones de pesos en el gasto destinado a este sector productivo en investigación, fideicomisos, fondos de ahorro, programas de asistencia, entre otros rubros. Esta política contrasta con los subsidios que recibe la producción agrícola en Estados Unidos y que ha dejado en desventaja a los productores mexicanos desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Ello ha implicado también la importación de una tercera parte de los alimentos que se consumen en el país. Pues según datos del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) durante este primer decenio las importaciones de maíz se dispararon 143 por ciento, mientras que se redujo el número de hectáreas destinadas a la siembra y la cosecha de ese grano. Otros ejemplos son que durante ese mismo periodo las importaciones de trigo y soya se incrementaron en 112 y 69 por ciento.

Ese es el crudo panorama en el agro nacional, pero en Los Pinos creen que con menor gasto público se erradicarán las precarias condiciones en el campo y la miseria de los campesinos. El presupuesto como vemos contempla, una vez más, como eje principal la reducción en el gasto social, pero no plantea disminuir los altos salarios de magistrados y secretarios que en algunos casos superan los 100 mil pesos mensuales. Una verdad grosera ante la realidad de la mayoría de los trabajadores agrícolas en México.

Los campesinos perciben esta contradictoria realidad y el 31 de enero, como ha ocurrido en los últimos años, han salido a las calles a manifestar su rechazo contra la política antipopular de Calderón. Quienes a partir de su experiencia consideran la movilización como una herramienta de lucha con la que ejercen presión sobre un régimen que no les considera en lo absoluto. Sin embargo, el sólo llamado a las calles no bastará para detener la ofensiva capitalista en el campo, se pondrá de manifiesto la  necesidad de hacer un frente único de lucha codo a codo con los trabajadores de la ciudad y demás sectores oprimidos; en busca de acabar con las condiciones de miseria que ofrece el capitalismo y luchando por una alternativa que proponga la nacionalización de la tierra bajo control democrático de los trabajadores, con una adecuada planificación de la producción agrícola y general, que asegure los satisfactores suficientes para la sociedad. Sólo instaurando una sociedad socialista y un gobierno obrero se podrán dar créditos baratos a los campesinos e industrializar el campo para sacarlo del atraso histórico en el que se encuentra.

¡Frente Único de lucha de todos los trabajadores contra la política antiobrera de Calderón!

¡Contra la carestía de la vida: escala móvil de salarios!