En estos últimos meses se ha visto como las políticas neoliberales de nuevo provocan oleadas de protestas masivas en todo el mundo. Son las contracciones de un sistema económico a punto de colapsar, que paradójicamente impone a los países sus condiciones socioeconómicas para sobrevivir el día a día. Cual bestia obstinada, la implementación de los paquetes de austeridad impulsados por potencias mundiales mediante sus organismos internacionales, BM, FMI y OCDE, siempre está al asecho, aprovechando cualquier mínima grieta para volver a salir a la luz.

El año 2000 es recordado por los costarricenses como una victoria para el pueblo, trabajadores del sector público, sindicalistas, ambientalistas, representantes clericales, académicos, estudiantes, campesinos y artesanos, encabezados por los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dieron marcha atrás a la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, apodada como “el combo energético”. Iniciativa impulsada por el gobierno neoliberal de Rodríguez que abría las puertas al sector privado en dichos. Las protestas, entre bloqueos, huelgas, paros, mítines y marchas, duraron 17 días y al final la ley se declaró ilegal.

Lejos de descanso, los embates del neoliberalismo no han parado en estos últimos 20 años. Para el 2013 los trabajadores del sector salud entraron a huelga cuando se anunció que los centros de salud administrados por la Universidad de Costa Rica pasarían a manos de empresas privadas. En el 2015, en medio de la conmemoración el 15vo aniversario de la victoria ante el combo energético, el gremio de electricista entra a huelga por otra ley similar.

Si bien las políticas de años anteriores le sirvieron a Costa Rica para disminuir la tasa de pobreza, para el 2019 el índice de repartición de la riqueza (Gini) llega a un 48.3% de desequilibrio, hay un aumento en la tasa de desempleo que alcanza el 8.2% de la fuerza de trabajo y la deuda externa internacional va en aumento representando el 43% del PIB. Según el PEN de Costa Rica, en el 2017 se registraron 176 protestas sociales, mientras que de mayo del 2018 a julio del 2019 se contabilizaron 871, dejando a un lado las protestas convocadas por los sectores conservadores (en contra de la legalización del aborto y la comunidad LGTB), el incremento de las protestas sociales responde a las reformas estructurales, impulsadas desde mayo del 2018 por el gobierno de Carlos Alvarado, que de manera velada se encaminan a la privatización de la mayoría de los sectores públicos del país, minando por otra parte los derechos de los trabajadores.

En agosto del 2019, ante el incumplimiento por parte del Estado de un acuerdo, el sector salud se fue a huelga con más de 17 sindicatos, médicos generales y especialistas. Entre las demandas está el saldo de la deuda a ese sector que asciende a 2.600 millones de colones del estado y 460 millones de colones por parte de las empresas. Seguidamente, el 22 de octubre se llevó a cabo una marcha estudiantil convocada por los rectores de las universidades públicas y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en protesta a la nueva repartición del presupuesto a las universidades, donde estas se comprometen a destinar 70 mil millones de colones para invertirlo en infraestructura sin recibir más presupuesto; lo cual atenta contra otros rubros como las becas u otros apoyos a los estudiantes, prestaciones laborales, equipos de materiales perecederos, entre otras. Aunado a lo anterior, a mediados del año se implementó el IVA al 13% en varios productos y servicios, y nuevos impuestos como por ejemplo en las pensiones.

A manera de blindaje, el gobierno ha impulsado una reforma de ley que atenta contra el derecho de la defensa a los derechos laborales, la cual ha sido declarada como constitucional para ser votada en estos días. Entre los puntos más controversiales de dicha reforma se encuentra el de la prohibición de huelgas en el sector público (salud, transporte y energéticos), y el cese de la paga de salarios durante estas. En paralelo, se dio una amplia difusión a la estadística realizado por la ONU, en donde en el 2019 Costa Rica ocupa el 1er lugar de América Latina como el país más feliz.

Así, en Costa Rica se reproduce una práctica ya conocida. Una reforma privatizadora comienza cuando los grandes capitales instan (en contubernio con los mandatarios) al gobierno de un país a entregarles el poder de sus sectores, seguidamente, so pretexto de no tener más capital, se abandona económicamente a estos sectores o se implementan modelos para crearles déficit; entonces el aparato mediático exalta las carencias de estos implorando por ayuda del sector privado y propaga la idea de que todos son felices. Todo para que el pueblo no brinque ante el despojo de sus bienes. Queda claro que el modelo neoliberal no descansará hasta arrebatarlo todo, sólo una organización sólida de izquierda que agrupe a los sectores medios y bajos de la sociedad podrá hacer frente de tajo a cualquier nueva amenaza.


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