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Los decretos de Peña Nieto que modifican el uso de cerca del 55% del agua del país son un gran golpe en una guerra por los recursos naturales que los industriales y la derecha lleva contra los pueblos originarios y contra los trabajadores de las ciudades.


Esta guerra ha dejado en batallas por toda la geografía del país, a miles de afectados, amenazas, presos y también compañeros y compañeras asesinadas por la policía o por bandas criminales que actúan como sicarios de los empresarios, nacionales y extranjeros. Pero que también ha dejado importantes referentes de lucha y victorias trascendentales como la de Mexicali Resiste contra Constellation Brands, cervecera que pretendía adueñarse del agua del Valle.


Desde Quintana Roo, donde se dio una batalla en Tajamar contra la continua desaparición de los manglares, en Oaxaca donde el pueblo huave lucha contra las eólicas, en Guerrero contra las mineras e hidroeléctricas, en Puebla que ha sido campo de pruebas de esta lucha y donde se ha trazado una línea de sangre entre el gobierno y los pueblos en lucha, en Zacatecas, Michoacán, hasta el norte, en Baja California donde la lucha, como señalamos, ha sido exitosa.


Los decretos de Peña Nieto, son un golpe, si acaso más fuerte en tanto tienen un alcance nacional, mientras muchas de las batallas se han dado a partir del ámbito de la defensa local y solo hasta después han repercutido a nivel nacional ahora el terreno se plantea mucho más amplio y así mismo es necesaria la respuesta.


El Gobierno mexicano en todos sus niveles ha ido avanzando poco a poco en la colocación del país como fuente segura de materias primas para el imperialismo y particularmente para Estados Unidos y Canadá. La mayor parte de las concesiones mineras son para empresas de Canadá donde su Primer Ministro actúa el papel del capitalismo humano, ético y altruista para bajo la mesa apoyar a las mineras que asesinan en Guerrero y otros estados.


Primero fue con la Ley Nacional de Aguas de 1992 y a partir de ahí leyes que van modificando poco hasta la grave situación actual dónde se deja en un riesgo latente y real de impedir el acceso al agua de millones de personas, en el campo y la ciudad. La permisividad y la corrupción del gobierno ha permitido a los grandes capitales avanzar en la impunidad, sin embargo, ahora, cuando la derecha está en riesgo cada vez mayor de ser desalojada del gobierno y perder el control total del Estado necesitan hacerse de una “certeza jurídica” que les proteja contra cualquier intento del siguiente gobierno y, sobre todo, contra la continuidad de la lucha de los pueblos y las ciudades que no tiene visos de detenerse.


Es por eso que desde Izquierda Revolucionaria planteamos que es necesario proseguir con las luchas de resistencia y, aún más, que se necesita unir todas esas luchas en un frente común de lucha, con una agenda nacional central de movilizaciones para poner toda la fuerza en pasar a la ofensiva contra las empresas y contra los decretos y leyes del gobierno, independientemente de quién gane la elección el 1 de julio.


Si bien es cierto que el Gobierno ha aprovechado “la pasión mundialista” es cien veces más cierto que el mayor peligro está en la desmovilización real por parte de los “referentes” políticos de los trabajadores y el pueblo, ningún sindicato ha dicho esta boca es mía, ninguna organización campesina independiente, AMLO ha prometido una vez más que dará marcha atrás a los decretos cuando gane, dejando de lado la organización, concientización y movilización. Nosotros por nuestra parte no ponemos ninguna confianza en ningún gobierno que no rompa todas las trabas de la economía capitalista del país que es la que impulsa esta guerra ecocida contra los pueblos y los trabajadores, contra nuestro futuro; no esperaremos ni un minuto, es necesario movilizar ya.


Las organizaciones que están en lucha por todo el país defendiendo la tierra, el agua, los recursos tienen la oportunidad de lanzar un llamado unificado, articular todas las luchas con un programa general de exigencias a los gobernantes de todos los niveles y ofrecer una alternativa de lucha y movilización a miles de trabajadores del campo y la ciudad, desde los jornaleros de San Quintín hasta las comunidades zapatistas, pasando por los trabajadores de las ciudades, donde también hay un proceso más avanzado de privatizaciones y un riesgo cada vez más real de quedarse sin agua. Las y los compañeros de Izquierda Revolucionaria atenderemos este llamado y propagaremos la lucha con todas nuestras fuerzas para echar atrás estos decretos y pasar a la ofensiva contra esta economía que solo preparará la destrucción del planeta y la ruina de la humanidad.


Periódico de la Izquierda Revolucionaria

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