Este 24 de julio del año vigente, fueron inhabilitados tres servidores públicos que desempeñaban cargo en la Universidad Pedagógica Nacional sede Ajusco. Los sancionados fueron Juan José Barrera Cruz quien era miembro del Órgano Interno de Control (OIC), el cual ya había sido inhabilitado en el 2016 por abuso de autoridad, que ahora por el mismo cargo y por violación de leyes y normativa presupuestal se le suman una multa por $11,000 y se le inhabilita su función hasta 2020. También el Subdirector del OIC, Francisco Escobar Farrera, que entre sus funciones está el manejo del personal y la compilación de quejas o denuncias de la comunidad hacia cualquier empleado, ya se había presentado en 1985 una amonestación privada en su contra por negligencia académica y ahora se le inhabilita su función hasta 2018 por violación de leyes y normativa presupuestal. Y por último está Romel Cervantes Ángeles, Secretario Administrativo, al cual se le destituye del cargo hasta el 2019 también por violación de leyes y normativa presupuestal.

Tanto el ex ­secretario como los miembros del OIC, implementaron como supuestas medidas de seguridad la instalación de torniquetes y presentación obligatoria de la credencial vigente para poder tener acceso al plantel. Estas medidas fueron impuestas a la comunidad estudiantil y académica, no hubo ningún consenso y el discurso que utilizaron, no públicamente, fue que era para una mayor seguridad en las instalaciones.

Este discurso hipócrita se ha contradicho en más de una ocasión. A la semana siguiente que se impuso la entrada por los torniquetes se robaron cañones de los salones y en respuesta a ese caso se colocaron vigilantes en cada piso de los edificios. No pasó otra semana cuando uno de ellos acosó a compañeras de la carrera de sociología de la educación, quienes presentaron la denuncia ante secretaría académica y la única resolución que dieron fue reubicar al trabajador a un piso superior. Previo a estos dos incidentes, un compañero de sociología fue agredido verbal y físicamente por un vigilante por acceder por la antigua entrada libre, él al presentar la debida denuncia obtuvo una respuesta insensible y arrogante de parte del Secretario Romel, tanto no resolvieron su caso como también le amenazaron con un citatorio del Ministerio Público en el cual le acusan de provocar lesiones al trabajador que tardarían en sanar en 15 días y otra de parte de la escuela en la que se le amedrenta con expulsión si no atiende su caso en el citatorio dado. Estas intimidaciones tampoco fueron las únicas, compañeras y compañeros que protestaron y señalaron los abusos y agresiones de parte de las autoridades, fueron notificados con oficios que les imputaban daños al inmobiliario y agresiones a trabajadores. La administración burocrática, insensible y represora de estos personajes tenía muy en claro quiénes representaban una amenaza y actuaron de manera congruente para intimidar a la comunidad y evitar que ésta se organizara y así frenar estas agresiones y otra serie de atropellos.

No permitiremos que la siguiente administración nos acorrale con medidas “proteccionistas y de seguridad” que enmascaran el control y represión del estudiantado así como la privatización de espacios públicos, mientras ellos se llenan los bolsillos con el presupuesto que es para nuestra universidad.

La plataforma feminista de Libres y Combativas que lanzamos desde el Sindicato de Estudiantes, busca la conformación de grupos organizados y de acción en cada casa de estudios, para desde ahí responder firme y unidamente la comunidad estudiantil a las agresiones de los sistemas burocráticos, insensibilizados y machistas que no dan solución a los problemas de seguridad que por ellos generan, fomentan y solapan. ¡No más una escuela en donde la seguridad te la resuelva quien la genera! Conformemos el comité de Libres y Combativas en la UPN para hacer frente a estos casos y arrebatar a las autoridades el control de la escuela para su beneficio propio, individual y mezquino.