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El 24 de septiembre conocíamos la noticia de que el Tribunal Supremo aprobaba la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, sin aceptar que sea enterrado en la Almudena (donde la familia del dictador tiene un mausoleo por valor de 120.000 euros). Esta decisión, sin duda, es una victoria de las organizaciones memorialistas y de las víctimas del franquismo que han peleado durante años porque la momia del dictador abandonará su actual emplazamiento. Pero, a pesar de su trascendencia, sigue siendo completamente insuficiente. Todavía hay que acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura depurando el aparato del Estado de elementos fascistas, y poder enterrar a los cientos de miles de combatientes republicanos que siguen en fosas y cunetas, reparando moral y económicamente a sus familiares y a todas las víctimas de la represión.

Desde las filas del PSOE se celebraba la resolución a bombo y platillo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, seguirá enterrado en el Valle como ya declaró la Vicepresidenta Carmen Calvo.  Hay todavía una causa abierta en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, que pone en suspenso la licencia de obra para levantar la losa de la tumba del dictador. Y además, el panteón familiar del cementerio de Mingorrrubio en el Monte del Pardo a dónde será trasladado junto a las tumbas de algunos de sus colaboradores más cercanos, como Luis Carrero Blanco, constituye un espacio financiado por Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Madrid.

El franquismo sigue teniendo mucho poder

Los herederos de la dictadura siguen vivos y coleando y tienen un peso fundamental en instituciones clave del Estado. Desde el Estado Mayor del ejército, hasta la policía, pasando por los tribunales de justicia o los consejos de administración de grandes empresas, los hijos, sobrinos y nietos de destacados prohombres de la dictadura siguen monopolizando los resortes del aparato estatal y concentrando en sus manos un gran poder económico. Los crímenes cometidos por estos linajes, muchos de ellos enriquecidos gracias al saqueo del patrimonio público, el trabajo esclavo de los presos y la explotación brutal de la clase obrera bajo la dictadura, siguen impunes y están blindados gracias a la Ley de amnistía de 1977.

Estos días hemos tenido que soportar en las televisiones a los representantes de la Fundación Francisco Franco, una organización legal dedicada a ensalzar la figura del dictador. Imaginar que en Alemania o en Italia se produjera algo semejante, con los portavoces de una Fundación Adolf Hitler o Benito Mussolini paseándose libremente por los platós y las radios para hacer apología del nazismo y el fascismo, muestra que la democracia de la que en teoría disfrutamos no es tal.

El propio Tribunal Supremo, cuyos orígenes están en el Tribunal de Orden Público que juzgó a miles de militantes antifranquistas, ha estado siempre del lado de la impunidad. Impidió juzgar los crímenes de la dictadura cuando lo intentó Baltasar Garzón en 2010, al que expulsó de la carrera judicial tras una denuncia de Falange. Impidió la extradición del torturador Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el niño, para que fuera juzgado en Argentina. Este mismo tribunal hace tan sólo unos meses admitía a trámite el recurso de la familia que ahora ha sido rechazado, y en el auto consideraba al dictador Franco como un Jefe de Estado legítimo. Y en unos días dictará una sentencia totalmente franquista contra los dirigentes independentistas catalanes, que llevan dos años en la cárcel por convocar un referéndum.

La derecha, como era de esperar, ha reaccionado de forma furibunda contra la exhumación. Santiago Abascal, líder de Vox y muy relacionado con la familia Franco, ha tenido la desfachatez de afirmar que no hay que “profanar tumbas”, Casado que no se gastaría “un euro en exhumar a Franco” y Albert Rivera que es un tema que “no interesa a los españoles”. Su defensa de los crímenes de la dictadura no es algo retórico; lo han dejado claro en la Junta de Andalucía o en el Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna el bloque reaccionario, acabando con todas las políticas de apoyo para las víctimas del franquismo.

Verdad, justicia y reparación

Toda esta arrogancia de PP, Cs y VOX es el fruto las constantes cesiones del PSOE. Durante años en el gobierno jamás tomaron medidas efectivas que pudieran depurar las responsabilidades de los mandos de la dictadura. Su ley de memoria histórica fue un parche incapaz siquiera de garantizar la exhumación de decenas de miles de asesinados arrojados a fosas comunes y cunetas, para que fueran enterrados dignamente por sus familiares. Nuca pensaron en una reparación política que anulará las sentencias de los tribunales franquistas y compensará económicamente a todas las víctimas de la represión. Al contrario, el callejero todavía está lleno de gerifaltes fascistas de todo tipo, y la Iglesia Católica, la misma que consideró el golpe militar del 18 de julio como una guerra santa contra el bolchevismo, disfruta de las mismas prebendas y un poder acrecentado.

Cuando se anunció la exhumación de Franco, Carmen Calvo dijo que era una “victoria de los dos bandos” ¿Como que de los dos bandos? ¿Acaso la Vicepresidenta equipara a aquellos que dieron un Golpe de Estado y mantuvieron 40 años de dictadura mediante una brutal represión con los que lucharon contra el fascismo y fueron fusilados, encarcelados, torturados o exiliados?

Y de paso también tiene la osadía de afirmar que en la Transición “no hubo violencia, salvo la de ETA”. Los dirigentes del PSOE se olvidan de los centenares de víctimas de la extrema derecha y la policía entre 1975 y 1982, crímenes que también quedaron impunes gracias a sus pactos políticos y a un aparato del Estado heredado directamente del franquismo y que nunca fue depurado.

Esta es la política de Pedro Sánchez, vender humo y gestos para ocultar el fondo de sus decisiones. No en vano hace unas semanas, el Gobierno en funciones renovó el ducado a Primo de Rivera y a la familia Franco, con todos los privilegios y reconocimientos que ello conlleva.

Que el dictador Franco salga del Valle de los Caídos es una buena noticia que hay que celebrar. Sin embargo, no se ha “cerrado el círculo democrático” como dice Pedro Sánchez. Aún quedan muchas cuestiones sin resolver sobre la impunidad franquista como hemos señalado, y cientos de miles de víctimas que llevan 40 años esperando por la verdad, la justicia y la reparación.


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