Reforma al Sector Salud: Sistema universal de beneficios al capital

Así como ha ocurrido con la energía, la educación y los derechos laborales, el sistema de salud mexicano esta siendo desmantelado por las grandes corporaciones que, en complicidad con el gobierno, pretenden asestar el golpe final al sistema de salubridad, justificando la total privatización del sector salud.

Son tres las etapas de la “parcial” privatización al sistema de salud que se han venido implementando: la primera, en 1985, con el llamado ajuste estructural, que recortó los presupuestos de las instituciones de salud dejando como consecuencia el debilitamiento de la atención a los pacientes y la precarización laboral de los médicos; la segunda, en 1995, con la ley del IMSS, que dejaba las pensiones de los trabajadores a bancos privados y abrió camino a la subrogación de servicios de seguridad social a prestadores privados; y la última etapa, ocurrió en la primera década del presente siglo, con la entrada en vigor del Seguro Popular, que permitió la creación de un mecanismo bajo la lógica del aseguramiento privado.

Es evidente, que la privatización de la salud no se dará por medio de la venta directa del IMSS o del ISSSTE, sino a través de inyectar recursos públicos, mediante procesos de licitación, a asociaciones público-privadas. El gobierno permite a empresas privadas la construcción y manejo de hospitales gubernamentales, mientras a estas se les transfieren recursos públicos para su funcionamiento. Son estos entes (servicios privados e industria farmacéutica) quienes determinan las políticas de salud a nivel mundial para beneficio propio. Es en este sentido, que se plantea la Reforma a la Salud.

 

La utopía no tan saludable del capitalismo

La mal llamada Reforma a la Salud busca la universalización de la atención médica para toda la población, tras la unificación de todas las instituciones encargadas de este servicio y la homologación de las atenciones que ofrece cada una, deja la posibilidad de que un derechohabiente de una institución pueda ser atendido en otra. También plantea la creación de una agencia nacional independiente a la Secretaría de Salud, que sería la encargada de establecer parámetros para una atención segura y efectiva de todas las instituciones participantes.

La idea de un seguro universal suena muy atractiva, sin embargo, esto no es posible debido a que los pacientes sólo podrán atenderse en cualquier institución siempre y cuando sufran alguna de las enfermedades previstas en un cuadro básico. Actualmente dicho cuadro –manejado por el seguro popular- cubre 344 padecimientos (285 esenciales y 59 de alta complejidad) que representan tan sólo el 2.4% de 14 176 padecimientos, enlistados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, elaborado por la OMS. Con la aplicación de la reforma, este listado será menor, ya que saldrán todas las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, por poner algunos ejemplos. En el caso de los medicamentos sólo serán gratuitos aquellos que prevengan las enfermedades más sencillas como dolor de cabeza, diarrea y gripe. En cuanto a la medicación de los demás padecimientos, así como los estudios y cirugías correrán a cargo del paciente.

Dicha propuesta  deslinda al gobierno del financiamiento de un sistema de salud por medio de cuotas gubernamentales provenientes del pago de impuestos y de cuotas obrero-patronales, con ello se reafirma la financiación de un sistema por medio del pago de servicios de aseguramientos privados. Es decir, quien no tenga un seguro privado no tendrá atención médica.

Esto también da cabida a que los patrones sean quienes decidan qué enfermedades son acreedoras de otorgar incapacidad a los trabajadores, tal como se ha planteado en la Reforma Laboral, en donde el patrón tiene el derecho de descontar el salario al trabajador por la ausencia provocada por una enfermedad. Los trabajadores ya no podrán asegurar a sus familiares como hasta ahora, esto significa la pérdida de derechos de la clase trabajadora obtenidos en luchas férreas.

 

Unidad médico- pacientes

La única alternativa que tenemos para revertir todo este panorama de miseria, explotación y desahucio es la unidad de todos los sectores víctimas de este ataque, desde los trabajadores derechohabientes del sistema de salud, hasta los trabajadores de salubridad.

Debemos gritar a los cuatro vientos que los únicos beneficiados de esta reforma son las grandes aseguradoras, las farmacéuticas que acaparan los medicamentos,  que especulan con sus precios y experimentan con la vida de las personas, y, desde luego, los patrones.

La lucha de los médicos y enfermeras no nos debe ser ajena, ya que al igual que el resto de la clase trabajadora, estas medidas privatizadoras, atropellan sus derechos y los mantienen laborando en condiciones precarias, falta de apoyo y políticas nefastas de salud, que son las principales razones de cientos de muertes.

Luchemos por un sistema de salud que cubra las demandas de la población, un sistema en donde consultas, cirugías y medicación sean gratuitas para los trabajadores y sus familias. Por un sistema en donde médicos, enfermeras y especialistas cuenten con mejores salarios, con equipo necesario e instalaciones adecuadas para desarrollar su trabajo, por la contratación de más personal para erradicar la carga de trabajo a la que están expuestos. Por la construcción de hospitales y clínicas en zonas marginadas, así como elevar el número de unidades móviles que atiendan la demanda en áreas rurales. Por un sistema que respete e integre la medicina tradicional.

 

¡Salud por la salud de los trabajadores!


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