Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que México ocupa el primer lugar de embarazos adolecentes de los 34 países de la OCDE, con 77 nacimientos por cada mil mujeres  adolecentes de entre 15 y 19 años. De ellas, un alto porcentaje enfrenta complicaciones en la gestación y el parto que representan la segunda causa de muerte entre las mujeres de ese rango de edad. Por si fuera poco, dicho organismo señala que el 63% de las niñas y adolecentes mexicanas ha sufrido alguna clase de violencia física o psicológica.

A pesar del complicado ambiente para las mujeres adolecentes, el recorte planteado por la Secretaria de Hacienda en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017, contempla un recorte de 7.82% solo para salud materna, sexual y reproductiva. Según Daniela Díaz del Centro de Análisis en Investigación el recorte real será del 10.82%. Si además consideramos los datos recopilados en 2013 por el Grupo de Información en Reproducción Elegida que señalan que el 50% de adolecentes de entre 12 y 19 años que inician su vida sexual se embarazan, podemos imaginar el significado real del recorte y en general la política federal a la juventud. A ello se agrega el recorte del 12% en Programas educativos de la SEP con perspectiva de género, es decir los orientados a apoyar a las adolecentes entre los que se encuentra entre otros el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Los jóvenes tenemos que luchar por ampliar y extender nuestros derechos, entre ellos el derecho a vivir una  sexualidad sana, libre de prejuicios e ignorancia. Debemos luchar en primer lugar contra la medieval intensión de la iglesia y el Frente Nacional por la Familia (FNF) para evitar que en las escuelas se retroceda en la de por sí pobre educación sexual. Por el contrario, es indispensable que en todas las instituciones de educación y salud públicas brinden un panorama amplio sobre la sexualidad, desde un punto de vista biológico, sicológico y social, libre de los prejuicios conservadores del FNF. Deben ser totalmente gratuitos todo tipo de métodos anticonceptivos para de ese modo reducir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Es preciso evitar que la sexualidad sea un tabú del cual se benefician las empresas dedicadas a la pornografía; los grandes medios de comunicación; los pederastas de la iglesia; los prostíbulos y en general cualquiera que hace de la sexualidad un negocio. Tenemos que luchar contra todos aquellos factores materiales y culturales que impiden el pleno desarrollo humano de la mayoría de la población. 

Una sexualidad plena requiere medios para poderla disfrutar, para ello se requieren Programas de Salud Sexual para todos los sectores de la población, desde los niños y adolecentes hasta los adultos mayores. Por todo ello tenemos que defender el presupuesto público de la salud. Somos conscientes de que ningún aspecto de la vida puede gozarse en plena libertad mientras exista un régimen social que mantiene en la miseria, en la opresión física, sicológica e ideológica al grueso de la población. Por ello tenemos que vincular la lucha por todos nuestros derechos. En tanto el 30% de los jóvenes del país no tienen posibilidades de estudiar o trabajar, están seriamente limitados para ejercer los derechos que les pertenecen. Contar con un empleo digno y bien pagado, con una vivienda decorosa, con un entorno social libre de drogas y violencia, son precondiciones mínimas para que los jóvenes podamos disfrutar de nuestra sexualidad de forma plena. ¡Para conseguirlo tenemos que luchar!

¡Ningún ataque más a los jóvenes!

¡Defendamos nuestros derechos sexuales, políticos y sociales!


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