El regreso a clases presenciales en la educación básica parece ser una realidad. La SEP ha anunciado que el próximo 30 de agosto dará inicio el ciclo escolar 2021-2022, y al menos 25 Estados del país han proyectado el regreso parcial de las escuelas a las aulas. El ciclo se inicia en medio del caos, incertidumbre y con la ausencia de un plan efectivo para garantizar nuestro derecho a una educación pública presencial, digna y con escuelas seguras.

Han tenido más de un año para preparar una vuelta a las aulas en condiciones dignas, pero no han hecho nada. Y no lo han hecho porque no quieren aumentar los presupuestos para la educación pública, lo que contrasta con los miles de millones que reciben las fuerzas armadas o las grandes empresas trasnacionales que se impulsan megaproyectos de muerte en nuestro país.  

De nuevo una solución que no resuelve nada

La logística que la SEP ha planteado alrededor del tema involucra el saneamiento de instalaciones, la toma de temperatura al ingresar a los planteles, la creación de comisiones de higiene y seguridad, el uso de gel antibacterial y cubrebocas en todo momento durante las clases, y un curso en línea para evitar, identificar y cortar tempranamente las cadenas de contagio entre los estudiantes. Sin embargo, esta estrategia no toma en cuenta la falta de la infraestructura y personal necesario para llevarla a cabo.

A nivel nacional, únicamente el 72.3% de las primarias tiene agua potable, y sólo el 66.9% cuenta con servicios para el lavado de manos, una de las medidas clave para detener la propagación de virus. El abastecimiento de cubrebocas y gel antibacterial ha quedado supeditado a un presupuesto limitado, por lo que la continuidad y calidad de estos recursos no puede garantizarse. Asimismo, tampoco se toma en cuenta el problema de hacinamiento en el transporte público que deberán sortear quienes decidan volver a las aulas, así como la imposibilidad de aplicar la “sana distancia” en grupos conformados por 30 o 40 personas, como normalmente sucede en las escuelas públicas.

Un curso en línea con la participación voluntaria de los miembros de la comunidad escolar resulta insuficiente y digno de rabia, puesto que se hace pasar como el único camino posible ante el panorama urgente de la vuelta a los salones. La realidad es que no ha habido declaración alguna sobre el número de estudiantes por salón, lo cual implicaría la apertura de nuevos grupos, la contratación de más docentes, la dignificación del salario del sector educativo, la construcción de más escuelas dignas para disminuir tiempos de traslado y aglomeración en los transportes públicos, el rescate de espacios estudiantiles, un programa gratuito de residencias o casas de estudiantes dentro o cerca de los centros escolares de educación media y superior, y un sinfín de medidas de fondo que permitan combatir el deterioro de la educación pública, producto de décadas de abandono.

En medio de la escalada de deserción escolar y de los índices de violencia doméstica, es verdad que las clases presenciales son urgentes; el problema es que se esgrime la falta de presupuesto como una excusa para no atender la seguridad de las comunidades educativas, puesto que no se están proyectando medidas reales que garanticen la salud.

Por supuesto, es la clase trabajadora quien enfrenta el dilema de permitir un rezago educativo considerable frente a la posibilidad de un contagio: los grupos reducidos, las facilidades tecnológicas y la educación personalizada continúan siendo privilegios de quienes pueden pagarlo. La aparente libertad de decisión de los padres de familia en realidad está condicionada por las condiciones de desigualdad de su entorno. Después de más de un año en el que las familias trabajadoras han tenido que adaptar lugares de estudio, gastar ahorros en dispositivos para las clases y sufrir una doble o triple jornada laboral, continuar con las clases en línea no es una opción.

Los planteamientos que hace la SEP, así como directores y rectores de otros niveles educativos solo alimenta la brecha social y de clase que durante la pandemia no ha dejado de crecer, favorece la degradación de la educación pública empeorando las condiciones en que nuestros profesores dan clases, y siembra un fracaso escolar mayor entre los estudiantes de familias trabajadoras. El gobierno federal debe rectificar inmediatamente su política educativa y poner fin al acorralamiento y hundimiento que sufre la educación pública.

Por otra parte, el modelo híbrido de enseñanza resulta otra forma de continuar con la precarización de los docentes. Sin la contratación de más profesoras y profesores, esta medida constituye un aumento considerable de las horas laborales, ante las carencias administrativas del sistema. Se espera que en pro del bienestar de la niñez y la juventud los maestros continúen utilizando sus propios recursos, manteniendo un sueldo precarizado y trabajando el doble.

Necesitamos convocar a luchar por una vuelta a clases segura

La estrategia para una “vuelta segura” usa como recursos principales la vacunación y medidas paliativas, pero tiene su fundamento que todo este caos lo sigamos pagando las y los oprimidos, que desde el inicio de la contingencia soportamos con crudeza la crisis económica y sanitaria. Ahora se nos arroja a las escuelas sin ningún plan y en pleno auge de la tercera ola. Una situación en la que no sólo está en cuestión el derecho a la educación para miles y miles de estudiantes de familias humildes, sino que también se pone en peligro nuestra salud y la de los nuestros.

El mayor aliciente del retorno a clases presenciales responde a intereses económicos, no educativos; la falta de acciones reales para mejorar las condiciones de estudio así lo demuestra. Es por ello que ante este horizonte la lucha es el único camino, solo así lograremos hacer efectivas nuestras demandas, se hace imperante la necesidad de un paro nacional educativo para arrebatar un aumento significativo de presupuesto para la educación pública que permita tomar medidas verdaderas para tener no sólo un regreso seguro a las clases presenciales, sino condiciones generales dignas para estudiar.

Se necesita una lucha organizada unificada que confronte a la burocracia sindical totalmente subordinada a la política del Gobierno Federal; asambleas conjuntas de padres de familia, profesores y trabajadores con las que nos permita organizar la movilización para conquistar: la contratación de más docentes así como personal de apoyo a la docencia (médicos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales), un salario digno para las y los trabajadores de la educación, un límite de alumnos 15-20 alumnos por salón, la reformulación de contenidos y planes curriculares, etc.  

Los llamados abstractos en defensa de la educación o el bienestar de la infancia y la juventud por parte de la CNTE de demás sindicatos de la educación son insuficientes: necesitamos convocar a una huelga general de toda la comunidad educativa que sea encabezada por nuestros docentes para arrancar condiciones dignas de estudio, porque las alternativas planteadas hasta el momento por el sistema no son las únicas posibles ni mucho menos las más favorables. 

Desde el Sindicato de Estudiantes demandamos:

1. Aumento de la inversión en la educación pública del 10% del PIB.

2. Derogación de la Reforma Educativa. Elaboración urgente de una nueva ley que reformule por completo contenidos, didáctica y métodos de seguimiento y evaluación.

3. Límite legal de 15-20 alumnos/as por salón, según la etapa educativa.

4. Convocatoria urgente de asambleas democráticas de profesores/as, familias y alumnos/as para conocer en profundidad todas las necesidades actuales y elaborar un Plan de aplicación inmediata de transición y compensación para este curso escolar. Elección democrática de comisiones de profesorado.

5. Aplazamiento del inicio del curso hasta que se cumplan el número de estudiantes por salón, se contraten miles de profesores y condiciones de seguridad.

6. Contratación inmediata de miles de profesores que son necesarios para disminuir los alumnos por salón y acabar con la temporalidad, interinatos y precariedad laboral.

7. Elaboración de un plan de refuerzo intensivo para el curso 2021-22 con un aumento radical de profesorado que permita todas las regularizaciones que sean necesarias.

8. Cursos de formación digital gratuitos e inmediatos para profesorado, familias y alumnado.

9. Gratuidad de la conexión a Internet y reparto masivo de dispositivos digitales a todas las familias trabajadoras.

10. Ajuste en los salarios del profesorado que compense los gastos de conexión a internet y la compra de dispositivos, imprescindibles para el próximo periodo.

11. Regulación horaria y salarial de la docencia en línea.

12. Plan inmediato de atención integral del alumnado (psicológica, pedagógica y lúdica) en las escuelas de todos los niveles con la contratación de personal específico con base que permita la inclusión y seguimiento de los alumnos con necesidades específicas de apoyo.

13. Democratización de los Consejos escolares.

14. Ampliación drástica y aumento de todas las becas.

15. Eliminación de los exámenes de selección en todos los niveles. Que ningún estudiante se quede fuera.

16.- Reimpulsar el proyecto de los cuatro turnos de los CCH, para cubrir toda la solicitud de educación media, así como para imposibilitar la masividad por salón. Impulsar este mecanismo en todos los bachilleratos del país.

17.- Reapertura de los turnos vespertinos en las escuelas públicas que fueron eliminados.  

¡Luchemos por nuestro derecho a una educación pública presencial, segura y digna!

¡Gobierne quien gobierne, la educación pública se defiende!


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