A finales de abril del año en curso nuestra organización fue objeto de un intento por tratar de silenciar nuestras ideas: nuestra compañera consejera académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, era cesada de dicha instancia. Los argumentos jurídicos, amañados como acostumbran las autoridades, se derrumban ante la evidencia de un proceso turbio y poco claro donde el principio del debido proceso fue sencillamente violado. La razón de fondo era la intentona de las autoridades por frenar las denuncias y la organización que hemos comenzado a desarrollar. Desde la campaña para su elección fuimos claros al denunciar las irregularidades y los gastos onerosos realizados por las autoridades, actitud que nuestra consejera mantuvo a lo interno de esa instancia y por lo cual se había convertido no solo en una molestia para las autoridades, sino especialmente en un referente de lucha para los estudiantes y trabajadores de la UAM-I.