Con el objetivo de lograr una apariencia democrática, la Junta de Gobierno y los candidatos han lanzado una serie de acciones que resultan inéditas en la historia de la UNAM. Por primera vez los aspirantes presentan sus intenciones pública y abiertamente, dan a conocer su plan de trabajo, su currículo, realizan giras por las escuelas, hablan en medios de comunicación haciendo su balance de la UNAM, etcétera. La Junta de Gobierno, esos 15 “notables” sabelotodo, recibe propuestas de los estudiantes, profesores y administrativos, entrevista a los candidatos… Nunca habíase visto algo así.

La táctica es increíblemente pobre y apenas alcanza a cubrir las intenciones impositivas. Se trata de que todo mundo exprese libremente lo que quiera, al fin y al cabo el nuevo rector no tienen la obligación ni de tomar en cuenta esas opiniones ni mucho menos de aplicarlas. En realidad, las decisiones importantes y reales las adoptará un oscuro grupo de personas que incluye a esos 15 “notables” y al gobierno de Peña Nieto, que a su vez representa los intereses de empresarios y banqueros.

El requisito mínimo para considerar una elección democrática es que se realice a través del voto universal, permitiendo que todos los estudiantes, profesores y trabajadores participen. Pero esto es lo mínimo porque no sólo es democrático elegir a los individuos que estarán al frente de una institución sino además, y sobre todo, decidir en la política concreta que deben aplicar. El actual proceso no es democrático, se trata de una imposición a la usanza más antigua y refinada en la tradición priísta. Este es el punto de partida del cual toda la comunidad universitaria debe partir para analizar la definición del nuevo rector.

Para qué y para quién

En la UNAM y en toda la educación pública ya se han realizado ataques muy duros a tal grado que aspectos sensibles han sido afectados: la gratuidad está en auténtico peligro, la calidad de planes y programas de estudio ha decrecido; por otra parte, se ha puesto al servicio de empresas privadas, y no al servicio de las empresas estatales, la generación de conocimiento; otro aspecto grave es la reducción de la matrícula, y así podríamos seguir la larga lista. En el plano académico también se han vivido constantes ataques. Es gravísimo que a los profesores no se les otorguen las condiciones mínimas para transmitir sus conocimientos y que por otra parte sus derechos laborales no les permitan vivir dignamente. Los trabajadores administrativos también han sido mermados en sus derechos, baste ver las nuevas condiciones que les ha impuesto la reforma laboral y las políticas de certificación y acreditación educativa.

Sin embargo, esto no es suficiente para los intereses de los grandes empresarios y banqueros, lo que sigue es una profundización de todas estas políticas retrógradas. Este es el segundo aspecto que debemos poner en el debate: el teatro seudodemocrático tiene como fin legitimar a un nuevo rector y un nuevo reajuste en la política privatizadora.

Sin aspavientos

Las autoridades de la UNAM y el gobierno federal saben que deben ser cuidadosos con los objetivos, los tiempos y las formas de los ataques privatizadores. Si actúan mal pueden acabar provocando un movimiento estudiantil que se les oponga firmemente. La huelga universitaria de 1999-2000 demostró los costos de que las autoridades actúen soberbia y descaradamente. La rectoría de Juan Ramón de la Fuente y esta que termina de José Narro, continuaron las políticas privatizadoras con gran fineza, pero sin poner en riesgo la estabilidad política de la UNAM.

Esta será la táctica que tratará de imponer quien asuma la rectoría universitaria: ataques duros y control del movimiento estudiantil, académico y de los trabajadores. El próximo rector se presentará como una persona abierta al diálogo con todos los sectores, y en esta lógica no sería descartable que otorgue concesiones políticas y económicas secundarias a algunos sectores, incluyendo a los estudiantes que pretendan movilizarse. La manera en que actuó Osorio Chong el año pasado con el IPN es un buen ejemplo de cómo intentarán dirigirse. Por su puesto que prometer no empobrece a nadie y en todo caso las posibles concesiones estarán orientadas por un frío cálculo de tendero, para siempre salir ganando. Sin embargo, el punto nodal es que ellos quieren atacar derechos fundamentales en un terreno abonado por mucha rabia y descontento, por tanto su táctica no asegura que realmente logren sus objetivos.

La manera en que ahora actúan las autoridades universitarias esta precisamente orientada por este mismo cálculo.

Independentismo barato

La burocracia universitaria, como cualquier burocracia, tiene sus propios intereses, al fin y al cabo también están luchando para enriquecerse, eso les lleva, eventualmente, a protagonizar más o menos enfrentamientos entre ellos mismos y hasta con el gobierno federal. Pero en este momento no se encuentran bajo una ruptura o confrontación determinante. En los hechos la burocracia de la Universidad y el gobierno de Peña coinciden en los ataques y en la táctica, por tanto debemos considerarlos como una y la misma cosa. ¡Ninguna confianza en la burocracia! ¡Ninguna confianza en el nuevo rector!

Suponer que la burocracia universitaria esta fracturada en sus intereses fundamentales y que ello explica la existencia de 16 candidatos es un error. Tal cantidad de candidatos no representa división sino una unidad muy bien trabajada: con ello se da la apariencia de una gran apertura democrática, tolerancia e inclusión. Si la división fuera real, entonces el PRI y la derecha en general, deberían reflejarlo más allá de la propia UNAM y eso no está ocurriendo.

La gente que cree que la burocracia universitaria está dividida entre sí y confrontada con el gobierno llega a la conclusión, necesaria, de que hay condiciones para que surjan candidatos independientes de esos “grupos de poder”. Si sumado a ello se coloca a un candidato con un perfil progresista, entonces llegan a la segunda conclusión de que no sería tan malo que ganara y mucho menos que se le apoye. Es interesante la suposición pero incorrecta.

Lo primero que hay que aclarar es que un rector honesto, entregado y hasta progresista, por sí mismo sólo podría lograr cambios superficiales, sin embargo, la comunidad requiere cambios de fondo que, de inicio, signifiquen derrotar todas las políticas privatizadoras ya establecidas. Eso no lo puede lograr un sólo hombre a pesar de sus virtudes personales. La razón es que detrás de las políticas privatizadoras están los intereses del gran capital que tiene herramientas amplias y poderosas como el gobierno que ahora dirige Peña Nieto. La historia demuestra que los auténticos cambios, y no baratijas, se logran de una sola forma: organizándose conscientemente y movilizándose masivamente en las calles.

En la misma línea, algunos analistas de izquierda creen que la democracia y otros derechos políticos y materiales en la UNAM, pueden ser el producto de un proceso de debate democrático con las autoridades que arrojaría resultados gradualmente. ¿Para qué hacer paros o huelgas? Lo mejor, dicen quienes proponen esto, es aceptar la institucionalidad y sus métodos usándolos “inteligente” y “firmemente”. Poner a un rector progresista, ganar posiciones en las consejerías e incluso ser parte del equipo de burócratas seria dar pasos al frente. A resumidas cuentas se dice que se puede ser parte de esos equipos pero manteniéndose firmes en los ideales. Esta es una idea muy vieja que siempre sirve para “justificar” que alguien se convierta en burócrata, gane un buen salario, prestaciones y escale en nuevos puestos: todo sea por la democracia y el cambio en la UNAM. Ejemplos sobran y son vergonzosos. Es imposible que una sola persona haga lo que corresponde a miles, y es imposible que un método “civilizado”, libre de confrontaciones sociales, solucione las graves contradicciones que se generan en el capitalismo.

¿Qué hacer?

La Universidad como parte del aparato público de educación está en riesgo, veremos la forma concreta en que se materializarán los ataques pero en esencia estará bajo fuego. La tarea clara e inmediata es seguir luchando por organizar a los estudiantes, convencerlos de sus propias fuerzas y llevarlos a luchas cada vez mayores. Para lograr esto debemos desde ahora levantar las demandas más sentidas de los tres sectores: estudiantes, trabajadores y profesores.

Debemos retomar y vincular las demandas políticas y económicas de la comunidad. Dentro de ellas, la defensa de la democracia universitaria debe ser una más de las mil que debemos levantar. Debemos ser conscientes que hay un sector de estudiantes interesado en luchar por la democratización de los órganos de gobierno universitarios, pero no necesariamente se trata de la demanda más extendida y no todos los sectores la visualizan con el mismo nivel de importancia y urgencia. Por tanto, debemos tener todo un abanico de consignas que atraigan a todos los estudiantes con sus diferentes niveles de conciencia. La lucha por cafeterías, mejores condiciones académicas y la defensa de la gratuidad, pueden servir perfectamente siempre y cuando vinculemos estas luchas al problema general de la privatización de la educación. Las demandas políticas también debemos tomarlas y ampliarlas siempre hacia otros sectores más allá de la Universidad. En cada capítulo de estas luchas surgirán experiencias que nos fortalecerán y nos pondrán en mejores condiciones para enfrentar al gobierno de Peña Nieto y a los capitalistas.

En el caso concreto de la democracia universitaria exigimos:

  • Elección del rector por voto universal directo.

  • Revocación inmediata, por voto universal, de cualquier funcionario universitario.

  • Salario de un trabajador promedio al rector y a todo su equipo. No a los salarios vitalicios. Si su convicción es servir no hay razón para enriquecerse con altos salarios.

  • La educación universitaria debe tener como principios ser pública, gratuita, científica y de calidad. Ningún rector por ningún método puede atentar contra ello, la democracia no tiene sentido cuando se usa para destruir derechos básicos.

  • Salida de todos los grupos porriles en la UNAM. Investigación profunda para determinar y castigar a todos aquellos funcionarios que han alimentado y defendido a los grupos porriles dentro y fuera de la Universidad.

  • Democratización en el uso del presupuesto y transparencia efectiva del mismo.

  • Respeto a los derechos básicos de discusión, organización y movilización de la comunidad universitaria: estudiantes, trabajadores y académicos.

  • Condiciones laborales dignas para académicos y administrativos. Becas para todos los estudiantes. No puede haber democracia donde hay hambre.

¡Únete al CEDEP y lucha por este programa!


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