Esta ley tuvo como objetivo inmediato restituir tierras a quienes habían sido despojados de ellas por medio de la creación de ejidos y comunidades de campesinos. Otorgando terrenos para habitar y trabajar en una modalidad llamada usufructo, que implica la propiedad social, es decir no de personas sino de ejidos y comunidades, mientras los terrenos sean trabajados, y donde el dueño era el gobierno. Aunque la Ley agraria se publico en 1915, sus objetivos fueron cubiertos de manera muy lenta.
Durante estos 100 años, el sector rural mexicano ha pasado por muchas circunstancias: en primer lugar la repartición de tierras que duró hasta 1992 y nunca logró cubrir el cien por ciento de la población campesina. Por otro lado, la producción siempre ha sido desigual entre las zonas geográficas del país: mientras el norte está tecnificado y tiene actividades agrícolas y ganaderas prosperas, en el sur se practican actividades de la manera más rudimentaria y para la subsistencia.
Durante la década de los sesenta y setenta se dio un relativo impulso al sector con la creación de créditos rurales y la compra de productos a buenos precios, a esta etapa se le conoció como “el milagro mexicano”, pero para la década de los ochenta, el país se insertó al modelo neoliberal y con ello el campo entró en una crisis que ha persistido hasta la actualidad.
En 1992, se modificó el artículo 27 constitucional que era el respaldo jurídico de la reforma agraria en México, con ello se elimino la propiedad social para establecer la propiedad individual con títulos de propiedad para los campesinos que poseían tierras. Esto dio la facultad para vender, rentar o transferir las tierras y con ésto, las tierras mexicanas están sometidas a ley de la oferta y la demanda como un producto más, como antes de la Ley Agraria. Ello significó un gran retroceso histórico para la nación.
En la actualidad el sector rural mexicano, donde habitan más de 20 millones de personas, está sometido a muchas problemáticas que lo tienen devastado: la migración, la falta de rentabilidad, la violencia y los cultivos ilegales, la pobreza y marginación. La población campesina está sometida a muchas presiones que les orillan a vender las tierras o a realizar prácticas ilegales.
Ahora nuevos procesos de acaparamiento de tierras por parte de mineras trasnacionales, narcotraficantes y caciques crean pobreza y desesperación que impulsan un gran ánimo revolucionario que se está acumulado con gran fuerza y que necesita de una dirección para luchar por un cambio social que es necesario y urgente en México.
