La economía mundial vive una de las peores crisis en la historia   del capitalismo. En nuestro país los despidos ya alcanzan a aproximadamente un millones de trabajadores; otro efecto de la crisis ha sido la caída de los ingresos del Estado a tal grado que este fenómenos ha sido calificado por el titula de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Agustín Carstens, como el shock financiero más grave en 30 años. La SHCP pronostica que al concluir 2009 habrán dejado de ingresar al Estado unos 480 mil   millones de pesos a consecuencia de la caída de las exportaciones petroleras y una menor recaudación en ISR e IVA. Esto ha obligado a Calderón a recortar ya en dos oportunidades el gasto públicos de este año: 35 mil millones de pesos en mayo y 50 mil millones en julio. 85 mil millones en total.

Y para 2010 se espera que el boquete en las fianzas del Estado llegue a los 300 mil millones de pesos. Para Calderón este panorama representa un verdadero dolor de cabeza pues la posibilidad de que el deterioro continúe se podría traducir en serios aprietos para seguir cubriendo rubros que son estratégicos para su política macroeconómica, tales como el pago de la deuda publica y evitar una abrupta devaluación. Perder el control sobre esta clase de variables provocaría un colapso económico aun mayor al que ya estamos padeciendo. Además de ello, por otro lado, el Régimen necesita destinar más recursos en beneficio de los empresarios para tratar de ayudarlos a enfrentar la crisis.

Calderón ha presentado ante el poder legislativo una propuesta de ingresos y egresos del gasto público para el año entrante que contempla recortes al gasto publico, el incremento de impuestos (entre ellos el IVA disfrazado del 2% para medicamento y alimentos, mismo que haría que el impuesto al consumo del resto de productos pase del 15 al 17%) además del despido de aproximadamente 10 mil empleados del gobierno por la desaparición de tres secretarias: Turismo, Función Pública y Reforma Agraria. El objetico es claro: cobrar a las masas trabajadoras los costos de la crisis.

Es en el anterior marco en el que se ubica la intervención del Estado en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Calderón necesita dinero para las arcas del Estado y los tiene que sacar de los trabajadores, no de los grandes empresarios quienes, por ejemplo, gracias a los regímenes fiscales especiales y devoluciones por impuestos, se han beneficiados con la estratosférica cantidad de 5 billones de pesos (leyó usted bien) provenientes del gobierno a lo largo de los gobierno de Fox y del de el espurio; tampoco pretende sacarlos de los especuladores de la Bolsa de Valores cuyas fabulosas ganancias están exentas de pago de todo tipo de impuestos.

Para el gobierno Luz y fuerza (LyF) representa una carga innecesaria; lo mismo piensa de los trabajadores de esta empresa paraestatal y su contrato colectivo. Para Calderón lo mejor sería privatizarla y deshacerse de los trabajadores y sus conquistas laborales. Sin embargo el SME se presenta como un obstáculo serio para estos planes pues cada intento del régimen por privatizar y destruir totalmente el contrato de trabajo, ha sido descarrilado por el ímpetu de lucha de los trabajadores electricistas.  

Pero forzados la crisis económica, el gobierno lanza una nueva ofensiva contra el SME por medio de la Secretaria del Trabajo (STPS) negando el pasado 5 de octubre la toma de nota; es decir, negando el reconocimiento legal de la dirección sindical encabezada por Martín Esparza. El pretexto para intervenir fue la demanda por fraude electoral impuesta ante dicha dependencia por Alejandro Muñoz, impugnando de esta forma las elecciones internas del gremio desarrolladas el 2 de julio pasado.

Las diferencias al interior del SME y de cualquier sindicato tienen que ser dirimidas internamente bajo métodos democráticos y sin ninguna clase de intervención del Estado. Abrirle la puerta al Estado para que intervenga en los sindicatos, es regalarle la oportunidad para que éste divida, debilite, destruya a la organización obrera junto a los derechos laborales. Para la STPS lo de menos es si las elecciones del SME fueron democráticas o no, a esta dependencia lo único que le importa es aprovechar esta oportunidad para intervenir en la vida interna del este sindicato como parte de la estrategia de Calderón para tratar de golpear a LyF y sus trabajadores. Esta política y maniobras de Estado tienen que ser rechazadas tajantemente por el conjunto de la clase trabajadora y movilizarse junto al SME en defensa de la autonomía sindical.

En todo caso, ante las acusaciones de fraude, el camino a seguir en la impugnación de las elecciones internas del SME era el de llamar a organizar comités de trabajadores en todos los talleres, oficinas, áreas de trabajo, etc., de LyF para que estos se movilizarán en pos del saneamiento del procesos. Solamente los agremiados al SME, empezando por la base, y nadie más deben decidir democráticamente las medidas para superar de la mejor manera toda la problemática derivada de las pasadas elecciones internas fortaleciendo la democracia interna y al sindicato mismo. La democracia en el SME y en cualquier otro sindicato se logra impulsando una mayor participación y control de la base sobre los diferentes asuntos de su gremio y sobre los dirigentes. La democracia en un sindicato se gana con la organización de los trabajadores y no apelando a la STPS para que intervenga. Esto último es una trampa, el Estado es una herramienta al servicio de la burguesía y sus intereses chocan contra los de los trabajadores. Esta realidad es doblemente significativa en el caso de las empresas públicas como LyF, en las que el Estado es juez y parte ya que además es el patrón.

Debemos frenar el ataque contra el SME y debemos impedir que esa política sea usada contra el resto del movimiento obrero. Es por ello que, además de las movilizaciones, es necesario que el SME y el resto de sindicatos en unidad con el PRD, el PT y demás organizaciones sociales, llamen a una huelga general de 24 horas, en la que también se baje el switch en LyF, en defensa de la autonomía sindical, contra los despidos, por una aumento de emergencia al salario del 100%, contra las privatizaciones, contra el IVA disfrazado, contra los recortes al gasto social; en defensa de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a huelga y los contratos de trabajo, por subsidios para el campo, etc.

Los ataques al SME y a LyF son motivados por la rapiña de los burgueses y por la crisis del capitalismo. Bajo diferentes formas pero en esencia exactamente esas son las mismas razones que motivan los ataques del Calderón junto a lo banqueros y empresarios contra el resto de la clase trabajadora. Por ello la solución de fondo a toda esta problemática es la lucha por el socialismo, es decir la lucha por la eliminación de la propiedad privada de los banqueros y empresarios y por el derrocamiento de su gobierno, en este caso representado por Calderón, para la implementación de una economía nacionalizada y planificada y administrada por una genuina democracia obrera.

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