Es un hecho, positivo, el que las medidas de austeridad propuestas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su gobierno, en funciones a partir del 1 de diciembre próximo,  estén destinadas a eliminar los privilegios y el parasitismo del que gozan los altos funcionarios del Estado, medida que pretende ser extendida, por la bancada de Morena, a las cámaras de diputados y senadores. 

Tan sólo en lo relacionado a los sobre sueldos y privilegios desmedidos y obscenos de la alta burocracia,  significará el ahorro de 132 mil millones de pesos (mdp) y otros 307 mil 439 mdp  en lo que refiere a gastos de operación. El objetivo de AMLO es reorientar esos recursos para becas estudiantiles, pensiones para adultos mayores, entre otras políticas sociales. 

No se puede negar que el avanzar contra el abuso y derroche que nutrió a la alta burocracia priista y panista representa un paso al frente. Sin embargo, también resulta verdadero, señalar que de cara al empleo más eficiente de las finanzas públicas para atender la dura situación de millones de mexicanos, se requiere ir más a fondo, eliminando toda aquella obligación del Estado hacia la burguesía, entre ellas la derivada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) antes Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).

A iniciativa del entonces presidente, Carlos Salinas, en 1990, se creó el FOBAPROA y fue avalado por la mayoría priista y panista en el Congreso de la Unión como un fondo de contingencia, con el fin de enfrentar posibles emergencias financieras; en realidad el FOBAPROA, fue un estratagema legal para volver al Estado mexicano el aval de la burguesía financiera, y que sería una precondición puesta por ésta última para la privatización de la Banca, lanzada por Salinas en marzo de ese mismo año, tras su nacionalización en 1982.

De esa manera, el PRI y el PAN le devolvieron a la burguesía financiera un jugoso negocio en el que el Estado siempre estaría presto a actuar de forma oportuna para subsanar con dinero de la clase trabajadora,  toda clase de quebrantos bancarios.  

La verdadera dimensión del FOBAPROA sería demostrada por su papel tras la crisis de 1995, en la que colapsaría toda la Banca mexicana; ese año Zedillo, el presidente en turno, pondría en marcha el rescate bancario, mismo que movilizaría recursos públicos que, en la segunda mitad de la última década del siglo pasado, acumularían los 601 mil 341 mdp, es decir, aproximadamente el 20% del valor de la economía nacional del 1999. 

La promulgación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario en 1998 daría paso al IPAB en sustitución del FOBRAPROA, esquema que permitiría profundizar el saqueo de las arcas nacionales a tal grado que para 2016 el rescate bancario ya había trasformado en deuda pública la estratosférica cantidad de 1 billón 7 mil 764 mdp.

Esa cantidad supera con creces a los 564 mil 935.7 mdp presupuestados en 2018 por Peña Nieto para el conjunto del sistema nacional de salud, o los 676 mil 624 .4 mdp asignados para el año en curso para toda la educación del país.

La iniciativa de Zedillo para transformar el quebranto bancario de 1995 en deuda de la clase trabajadora a través del FOBAPROA, sería respondida por un estupendo movimiento de masas encabezado por AMLO, siendo éste entonces presidente nacional del PRD (1996-1999); la denuncia de esa gigantesca estafa nacional por parte de AMLO sería muy intensa a través de centenas de mítines y movilizaciones a lo largo del territorio nacional, actos que derivaron en la Consulta Nacional del 30 de agosto de 1998 y en la que participarían aproximadamente dos millones de trabajadores de todo el país para decir un rotundo ¡NO! al rescate bancario. 

A pesar de que Zedillo pudo haber sido derrotado (el ambiente del 30 de agosto demostró que existían condiciones óptimas para el llamado al paro nacional) el rescate bancario fue aprobado el 12 de diciembre de 1988 por los diputados y senadores del PRI y del PAN, iniciándose así, ese escandaloso y cínico desfalco del gasto público en beneficio de los banqueros, gracias al cual el valor actual de los activos del total de los grupos financieros del país equivalen al 43%  de la economía nacional. 

Ese resultado se logró gracias al deterioro del IMSS y del ISSSTE; al estancamiento de sistema educativo nacional; a la desaparición de la mayor parte de programas de apoyo para el campo; al sacrificio del salario y derechos de millones de trabajadores al servicio del Estado, a las privatizaciones, etcétera.

Tomando en cuenta todo ello, y de cara al empleo de las fianzas públicas en concordancia con el lema de campaña de AMLO de “Primero los pobres”, la cancelación del rescate bancario no puede quedar al margen del programa político del aún virtual presidente electo ni de su propuesta de gobierno para 2019. El IPAB tiene que ser eliminado para que esos recursos que durante dos décadas han engrosado fortunas de los banqueros,  sean  reorientados al fortalecimiento de la política social del primer gobierno en décadas que no estará dirigido por los partidos tradicionales de la burguesía, el PRI y el PAN. 

En septiembre de 1999, bajo el sello de Grijalbo, AMLO publicaría el libro titulado “Fobaproa: Expediente abierto”, mismo en el que detalla el contenido de ese gigantesco desfalco nacional y denuncia las complicidades y maniobras entre el régimen y los empresarios para trasformar la deuda privada en deuda del Estado.  En la contraportada AMLO señala lo siguiente: “En el libro queda de manifiesto que el PRI no gana sin dinero y que los especuladores no ganan sin el PRI…” 

Ante esa realidad, la mitad de la tarea ya sido hecha por la clase obrera movilizándose masivamente a las urnas el pasado 1 de julio para derrotar al PRI, ahora la otra mitad de la tarea corresponde a AMLO tomando medidas de fondo, utilizando la mayoría parlamentaria de la que gozará su gobierno y llamando a la movilización a los trabajadores para cancelar definitivamente el FOBAPROA-IPAB, demostrando así, que efectivamente, el expediente no ha sido cerrado y que primero son los pobres.

¡Movilización contra el saqueo de las arcas públicas en beneficio de los banqueros!

¡Cárcel para banqueros y políticos responsables del FOBAPROA-IPAB!

¡Por la nacionalización de la banca sin indemnización y bajo el control democrático de los trabajadores!