La respuesta de las autoridades
Ante la exigencia de comedores subsidiados en la UNAM, las autoridades han respondido con estrategias de represión, hostigamiento y desmovilización, en lugar de atender las demandas legítimas de la comunidad estudiantil.
Por ejemplo en el Plantel 7 de la ENP, los estudiantes denunciaron que, el 11 de marzo, durante su intento de toma de instalaciones para exigir un comedor, fueron reprimidos violentamente por académicos y directivos. Además, señalaron la presencia de porros afiliados a la UNAM, quienes intimidaron y agredieron a los manifestantes, con al menos 30 integrantes de colectivos resultando afectados físicamente. Estas acciones buscaron desarticular la organización estudiantil y desalentar futuras movilizaciones.
Un caso más reciente, ocurrido la segunda semana de abril, fue en la Facultad de Ingeniería, donde las autoridades adoptaron una postura burlona y despectiva frente al Pliego Petitorio que incluía la demanda de comedores subsidiados. El director José Antonio Hernández Espriú intentó minimizar el movimiento, acusándolo de "no representativo", y solo accedió a firmar los documentos tras la intensa presión estudiantil. Aun así, el comunicado oficial de la facultad buscó criminalizar la protesta, estigmatizando a los participantes como "problemáticos" y desvirtuando sus demandas. Además, funcionarios como Gerardo Nerio Gallardo, secretario auxiliar de planeación del SPAMSU, amenazaron e intimidaron a estudiantes durante las protestas.
Estas tácticas reflejan un patrón de respuesta institucional que prioriza la represión y el hostigamiento sobre el diálogo, buscando desmovilizar a los estudiantes mediante la violencia física y la deslegitimación de sus demandas. Pese a ello, la organización estudiantil ha persistido, logrando avances parciales pero enfrentando constantemente la resistencia de las autoridades.
Estrategia de desmovilización disfrazada de solución
El reciente convenio entre la UNAM y el gobierno capitalino, firmado el 12 de marzo sin consultar a la comunidad estudiantil, no busca resolver el problema de fondo, sino neutralizar la fuerza del movimiento estudiantil mediante una serie de maniobras. Al limitar la implementación de comedores únicamente a preparatorias y CCH’s ubicados en la Ciudad de México, las autoridades pretenden fragmentar la demanda original, dejando fuera deliberadamente a las facultades, buscando que el movimiento se apague en nivel bachillerato para que las facultades cuenten con todavía menos apoyo.
Además, este acuerdo se negoció a espaldas de los estudiantes, rechazando el diálogo tripartita que debería incluir a la comunidad estudiantil, autoridades universitarias y gobierno capitalino. La universidad, con su presupuesto, prefiere transferir la responsabilidad al Gobierno de la CDMX en lugar de destinar sus propios recursos, protegiendo así los intereses del Patronato Universitario y de los burgueses universitarios. Este convenio no cuestiona el modelo privatizado, por lo cual no significa una solución real al problema de la alimentación en la universidad.
El proceso revela la mala fe institucional: se mantienen los mecanismos de opacidad, no hay auditorías a las concesiones y se perpetúa un sistema donde las decisiones se toman sin participación estudiantil. Lo que presentan como solución es en realidad una estrategia de desgaste para dividir al movimiento y mantener el statu quo. La verdadera demanda, comedores subsidiados en toda la universidad financiados con recursos de la propia institución, sigue sin atenderse, demostrando que para la UNAM los intereses económicos prevalecen sobre el derecho a la alimentación digna.
Sin embargo, este convenio no ha sido el único intento de las autoridades para apagar la lucha estudiantil. En todos los planteles en los que se ha levantado la lucha por comedores universitarios, las autoridades ofrecen soluciones parciales que mantienen intacto el modelo de privatización: la reducción mínima de los precios de las cafeterías, la implementación de un menú a precios más accesibles que el resto de alimentos ofertados en la cafetería, la ampliación del número de beneficiarios de la Beca de Apoyo Nutricional que otorga la UNAM en nivel licenciatura, etc.
Pero los estudiantes no cederemos hasta lograr avances reales que garanticen alimentación digna en todos los planteles, acabando con el negocio de las cafeterías privatizadas. La movilización estudiantil ha demostrado que es la única fuerza capaz de torcerle el brazo a las autoridades.
¡La lucha es el único camino!: ¿Cuáles deben ser los próximos pasos del movimiento?
El movimiento por los comedores subsidiados ha desplegado una diversidad de estrategias de lucha. Estas acciones no solo buscan presionar a las autoridades, sino también demostrar que otra forma de organización es posible.
La toma de cafeterías privatizadas se ha convertido en una de las acciones más contundentes del movimiento. En la Facultad de Arquitectura, estudiantes mantuvieron ocupada la cafetería durante semanas, denunciando los precios abusivos y exigiendo su transformación en un espacio de alimentación accesible. Estas tomas no son meramente simbólicas: son una reivindicación concreta del derecho a decidir sobre los espacios universitarios y un rechazo frontal al modelo de concesiones que mercantiliza la alimentación.
Además, en múltiples planteles —Prepas 2, 3, 6 y 9, las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, FES Aragón y FES Iztacala, entre otras—, las ollas populares han surgido como una respuesta inmediata al hambre y una herramienta política. Estas iniciativas, organizadas por colectivos estudiantiles con recursos limitados, han logrado alimentar decenas de compañeros a precios simbólicos. Más allá de su función práctica, las ollas son un acto de denuncia: demuestran que, si estudiantes con escasos medios pueden garantizar alimentación, la UNAM —con su multimillonario presupuesto— no tiene excusas para no hacerlo.
Sin embargo, las ollas no son la solución definitiva. La autogestión no puede sustituir la responsabilidad institucional. Los estudiantes no deben convertirse en proveedores permanentes de alimentos; su papel es exigir que la universidad cumpla con su obligación. Las ollas son, ante todo, un método para visibilizar la crisis, fortalecer la organización interna y mostrar la fuerza colectiva frente a la negligencia de las autoridades.
Las calles también han sido escenario clave de esta lucha. Marchas como la convocada por el FAE el 4 de abril, han demostrado la capacidad de articulación del movimiento. Estas movilizaciones no solo amplifican las demandas, sino que rompen el cerco mediático y confrontan directamente a las autoridades con la fuerza numérica de la comunidad universitaria.
Pese a estos avances, el movimiento requiere intensificar sus métodos para evitar el desgaste y forzar soluciones reales. La masificación de las asambleas interuniversitarias y las marchas, así como de las tomas de las cafeterías concesionadas y el seguimiento a los acuerdos de las asambleas, son algunos de los pendientes del movimiento por los comedores que cada vez es más grande.
La consigna es clara: la UNAM debe garantizar comedores subsidiados en toda la universidad, financiados con su propio presupuesto. Mientras eso no ocurra, las tomas, ollas y marchas seguirán siendo necesarias. Porque esta no es solo una lucha por comer, sino por decidir qué modelo de universidad queremos: una al servicio del capital o una que garantice nuestros derechos.
