Este mes de febrero se cumplen 25 años del golpe de Estado del 23-F. Este acontecimiento sacaba a la luz todas las contradicciones acumuladas en la sociedad española durante los años anteriores. El golpe de Estado estuvo precedido por la Operación Galaxia (noviembre de 1978 y en la que también estuvo implicado Tejero) y toda una serie de declaraciones reaccionarias procedentes de distintos altos mandos del ejército que dejaban ver un ambiente palpable de reacción dentro de los cuarteles. Además, aparecieron artículos en la prensa fascista de la época, como El Alcázar, con declaraciones tremendistas y apelando al ejército para la “salvación de la patria”.Los pronunciamientos e intentos de golpe de Estado tienen una larga historia en el Estado español. Durante los últimos doscientos años se han producido 25, esto demuestra la inestabilidad política crónica que no es otra cosa que un reflejo de la crisis orgánica y la debilidad del capitalismo español.

Tras la muerte de Franco la burguesía era consciente de su debilidad; la oleada de huelgas y luchas obreras y estudiantiles que precedió a la “transición” amenazaba su poder y muchos de los antiguos franquistas no dudaron en vestirse con la nueva camisa de la “democracia” para salvar su situación y privilegios. Se deshicieron del gobierno de Arias Navarro y recurrieron a Adolfo Suárez, otro antiguo dirigente del Movimiento, para intentar salvar el sistema.

A través de Suárez la burguesía restablecía el “orden”; se trataba de mantener los aspectos fundamentales del viejo régimen con una fachada “democrática”. El gobierno Suárez, durante los cinco años que estuvo en el poder, no solucionó ni uno solo de los problemas más urgentes de la sociedad española. En el último período esto era más patente. El éxito electoral del “centro” y Suárez no fueron una consecuencia de la fuerza de la burguesía sino de la debilidad y las vacilaciones de los dirigentes del PSOE y PCE, con Felipe González y Santiago Carrillo a la cabeza, que en lugar de llevar adelante las aspiraciones de las masas de transformar la sociedad se dedicaron a una política clara de colaboración de clase.

La burguesía se apoyó en Suárez y éste a su vez lo hacía en los dirigentes obreros que consiguieron desmovilizar a la clase obrera con su política de “pactos” y “consenso”, el ejemplo más evidente fueron los Pactos de la Moncloa. La política conocida como “consenso” no era otra cosa que el intento de equilibrarse entre las clases, apoyándose en las organizaciones obreras, otorgando concesiones democráticas formales para no perderlo todo, pero manteniendo intacto todo el viejo aparato del Estado, incluida la monarquía. La Constitución contiene toda una serie de elementos del pasado franquista, como el destacado papel del ejército (el famoso artículo 8) además del papel de árbitro que otorga a la monarquía.

Los elementos fascistas seguían en el ejército

El 23-F también dejó en evidencia uno de los grandes errores cometidos por los dirigentes del PSOE y el PCE durante el período de la transición y, posteriormente, con los gobiernos del PSOE. El error fue no depurar las fuerzas policiales y el ejército de todos los elementos fascistas relacionados de una u otra forma con la dictadura franquista. Los mismos torturadores, los mismos represores, permanecieron en sus cargos o simplemente cambiaron de destino. Y los viejos cuerpos represivos tampoco fueron eliminados, la Guardia Civil, el famoso Tribunal de Orden Público convertido hoy en Audiencia Nacional, etc.

El periódico británico Financial Times publicaba un artículo donde explicaba claramente la situación: “Hasta ahora parece que los políticos han actuado con un miedo exagerado a los militares, sobre todo el PCE y el PSOE, en la oposición. Esto, a su vez, quizá ha otorgado a los militares más poderes de los que realmente poseen”. (25/2/1981). De hecho, los dirigentes del PSOE y el PCE no dijeron nada cuando la casta militar bloqueó la amnistía a los oficiales de la Unión de Militares Democráticos (UMD), ni cuando se sancionó a los miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El papel del rey

Veinticinco años después todavía quedan muchos interrogantes relacionados con el 23-F. Las declaraciones en el juicio de los principales acusados (Tejero, Milans del Bosch, Armada) estuvieron llenas de contradicciones, aunque sí hay un hilo común, la existencia de una autoridad superior que se pondría al frente de la nación. En general todos coincidían (excepto Armada) en que el rey conocía la situación. Además tanto Milans del Bosch como, sobre todo, Armada eran conocidos por ser dos militares monárquicos. En aquella época la mayoría de los comentaristas políticos coincidían en una cosa, los golpistas nunca lo hubiesen intentado sin el respaldo del rey. Financial Times informaba que el mismo día del golpe, a las 4 de la tarde, hubo una entrevista entre Juan Carlos y Armada en la que éste último le explicó todos los detalles. El mismo periódico dice que si el rey se opuso en ese momento no lo haría de una manera muy enérgica puesto que Armada, un monárquico de toda la vida y prefecto del rey desde 1955, siguió adelante con todos los planes.

El coronel Martínez Inglés hace unos años escribió un libro titulado 23-F, el golpe que nunca existió. En el libro se incluye la única entrevista concedida por Milans del Bosch, con la condición de que no se publicase hasta después de su muerte. En ella dice lo siguiente sobre el papel del rey:

“El rey quiso dar un golpe de timón institucional, enderezar el proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, con el peligro que se cernía sobre la corona y con el temor de que todo saltara por los aires, me autorizó a actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada… No acusó [Armada] a su señor, se calló y estuvo sólo cinco años en la cárcel, después le indultaron. Sin embargo, el general Milans del Bosch, un hombre completamente distinto a Armada, no es un hombre de palacio, sino un militar más puro, fue engañado y abandonado, siguió en la cárcel durante otros nueve años”.

Lo que nadie puede negar es que el mayor beneficiado del intento de golpe de Estado fue el rey. Antes del 23-F era conocido como Juan Carlos el breve, porque se preveía que su reinado sería corto, y después del 23-F se convirtió en el “salvador de la democracia”, todo con la ayuda de los dirigentes del PSOE y el PCE que rápidamente le dieron las credenciales “democráticas”. Además del velo de silencio que desde entonces han mantenido los medios de comunicación burgueses con todo lo relacionado a la Casa Real.

¿Por qué no triunfó

el golpe?

¿Por qué la clase dominante se opuso al golpe de Estado? Evidentemente no por sus convicciones democráticas, sino porque en esos momentos tenían pocas posibilidades de éxito. La sociedad española en 1981 no era la misma que en 1936. Durante los años sesenta y setenta se había producido un enorme proceso de industrialización que había creado una clase obrera fuerte y poderosa que durante los últimos años del franquismo había demostrado su poder.

La burguesía española era consciente de que si la intentona de golpe de Estado triunfaba se encontraría con una dura oposición por parte de la clase obrera. “Una dictadura militar será combatida por todas las fuerzas de la izquierda y el movimiento sindical”. Esto es lo que profetizaba el Financial Times al día siguiente del intento de golpe de Estado, y no estaba equivocado. En ese momento, la correlación de fuerzas de clase era infinitamente más favorable a la clase obrera, por eso los rápidos llamamientos a la “calma”.

Si los dirigentes obreros en lugar de apelar al “orden” y la “tranquilidad, o incluso a un gobierno de coalición con la burguesía como defendió al día siguiente Felipe González, hubieran hecho un llamamiento a la movilización de la clase obrera la situación habría sido distinta. Los dirigentes obreros con su política “tranquila” sólo consiguieron crear confusión.

Pero esa noche, mientras algunos buscaban rápidamente su pasaporte y otros tenían que ser rescatados en alta mar cuando viajaban en barca hacia Francia, los sectores más conscientes de la clase obrera, los activistas sindicales y de izquierdas, a pesar de toda la campaña de “desinformación” y los llamamientos a la “calma”, empezaron a organizarse, a tomar por sí mismos la iniciativa.

El periódico El País, durante los días siguientes al 23-F, publicó algunas informaciones muy interesantes. En su edición del 1 de marzo describía como en muchos pueblos andaluces se realizaron asambleas vecinales para tomar medidas, entre ellas partidas de vigilancia de los principales accesos a los pueblos y la distribución de escopetas y armas. También en las cuencas mineras asturianas se realizaron asambleas de mineros donde se repartió dinamita, de hecho, mucha de la dinamita que esa noche desapareció de los pozos nunca más volvió a aparecer. En Hunosa hubo una huelga general de 24 horas. Hubo paros en las principales industrias del país, en Santander 18.000 trabajadores se declararon en huelga. Estos son sólo unos ejemplos que demuestran que la clase obrera había comprendido mucho mejor que sus dirigentes la gravedad de la situación. Los dirigentes sindicales se limitaron a convocar paros parciales de dos horas.

Esta política de los dirigentes obreros es lo que permitió que la iniciativa pasara a los dirigentes de la “burguesía democrática” y que se desperdiciara otra nueva oportunidad para la transformación de la sociedad. Después saldría elegido presidente del gobierno Calvo Sotelo, uno de los representantes clásicos de la burguesía española y un año después, en mayo de 1982, se produciría un triunfo histórico del PSOE en las elecciones generales.

El caso Mena o las cartas de los militares enviadas a los periódicos vuelven a demostrar que el ejército y las “fuerzas del orden” están llenas aún de elementos fascistas, su depuración sigue siendo una tarea pendiente que el gobierno del PSOE debería realizar inmediatamente. Ha demostrado una vez más el verdadero carácter de la “democracia” y que los golpes de Estado no son cosa del pasado.


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