En los últimos tiempos, la cuestión de la inmigración ilegal y los derechos de los inmigrantes ha resurgido de nuevo con fuerza. A las declaraciones contra los inmigrantes por parte de distintas autoridades locales y nacionales, hay que añadir varias leyes propuestas que criminalizarían y perseguirían a los inmigrantes. El Congreso ha propuesto la ley 4.437 que trataría a los inmigrantes indocumentados como criminales, además serían cómplices los sindicatos, iglesias u otro tipo de organizaciones que les ayuden.

En Wisconsin, la comunidad latina está luchando contra la ley propuesta por el estado, la AB69, que negaría el acceso a los carnés de conducir a los que no tengan papeles. 1.500 personas se manifestaron en Milwaukee el pasado 13 de diciembre para manifestarse contra esta ley. Dos días después, cientos de trabajadores y representantes de la comunidad latina se manifestaron contra la ley frente al capitolio del estado. No sólo en Wisconsin, sino en muchos otros estados, la comunidad latina se empieza a hacer oír en manifestaciones, algunas espontáneas y otras más organizadas, pero siempre con el mismo mensaje: ¡Somos trabajadores, no terroristas! ¡Ningún humano es ilegal! Los sectores más retrógrados y reaccionarios del Partido Republicano (y sus aliados en el Partido Demócrata), están acelerando las cosas para aprobar toda una batería de leyes antiimigración. Algunas de las cosas propuestas son: construcción de un muro que separe la frontera de EEUU y México; negar la ciudadanía a los niños nacidos en EEUU de padres sin papeles; negar todos los derechos a cualquier que no tenga papeles. La realidad es que la clase dominante utiliza a los trabajadores inmigrantes “ilegales” para obtener una mano de obra barata y amplia. “Ellos nos llaman ilegales, pero nadie habla del dinero que estas empresas ganan con nuestro trabajo ‘ilegal’”, estas son las palabras de un trabajador inmigrante de Madison.

La hipocresía de las grandes empresas y su gobierno no tiene fin: nos contratan a cambio de bajos salarios para realizar los trabajos más duros, nos tratan como a trabajadores de segunda clase, siempre con la amenaza de que nos “pidan nuestras tarjetas de la seguridad social”. Se nos asigna un número especial para que podamos pagar la Seguridad Social y otros impuestos (nunca recibiremos nada a cambio) y nos mantienen en nómina incluso sabiendo que estamos aquí ilegalmente. Si pueden conseguir más dinero incumpliendo la ley y contratando “ilegales” seguirán haciéndolo. Sólo cuando los trabajadores “ilegales” luchan por sus derechos entonces deciden cumplir la ley.

Por ejemplo, una empresa de conserjes de Madison está realizando una campaña anti-sindicalización utilizando todo tipo de amenazas, incluida la amenaza de informar de los trabajadores no documentados si apoyan la formación del sindicato. Un análisis simple de la situación mostrará las verdaderas razones de este comportamiento anti-sindical y anti-inmigrantes. Dicen que estos trabajadores ganan sólo 2 dólares más hora en salarios y beneficios como resultado de tener un sindicato, dicen que esta empresa tiene 100 trabajadores y que la existencia del sindicato costaría a la empresa 1 millón de dólares más en costes al año. ¿Es justo que estas empresas se embolsen 1 millón de dólares extras al año a expensas de nuestro trabajo, miseria y salud? ¡La respuesta es no!

EEUU tiene una larga historia de inmigración. Este país se construyó gracias a una oleada de inmigrantes: mano de obra inmigrante en el campo y las fábricas, que fue la fuerza motriz del rápido desarrollo (incluidos los millones de esclavos “inmigrantes” traídos por la fuerza). No podemos olvidar que la política económica de las empresas estadounidenses ha llevado a toda América Latina y a todo el antiguo mundo colonial a la miseria, provocando un éxodo masivo en busca de una vida mejor.

Como inmigrantes sin derechos, es fácil para la clase dominante conseguir otro “beneficio” de nuestra situación “ilegal”. Nos pueden culpar de todos los males de la sociedad, en particular de los que ellos provocan. Como siempre, su estrategia es desviar, dividir y conquistar.

44 millones de estadounidenses no tienen acceso al cuidado sanitario, los salarios no soportar el ritmo de subida de los precios. En realidad, los trabajadores norteamericanos tienen hoy un 20 por ciento menos de poder adquisitivo que hace treinta años. El endeudamiento y los altos tipos de interés también son una carga colosal sobre la capacidad de la clase obrera de satisfacer sus necesidades. Cientos de miles de empleos cualificados se están destruyendo, sustituidos por empleo mal pagado y sin ningún derecho. La guerra de Iraq está costando 1.000 millones de dólares a la semana, mientras que continúan recortando en educación, sanidad y otros servicios sociales, provocando una situación verdaderamente trágica en las zonas más pobres del país.

Nada de esto tiene que ver con la inmigración. Mientras las empresas incluidas en la lista Fortune 500 consiguen tremendos beneficios, la clase obrera es la que paga la crisis con más miseria, menos derechos y un futuro incierto para sus familias. Todo esto a pesar de trabajar más duro y más tiempo que antes. ¿No se supone que las cosas siempre deben ir mejor?

¿Quiénes son los verdaderos amigos de la clase obrera de América Latina? Hace casi 160 años, Carlos Marx explicó que los trabajadores no tienen patria y escribió su famosa frase. “¡Trabajadores del mundo uníos!” Hoy estas palabras son más relevantes que nunca.

¿Quién más puede ayudarnos? ¿Los senadores o congresistas? Incluso aunque algunos pocos sinceramente defendieran los derechos de los trabajadores y los inmigrantes, la realidad es que bajo el capitalismo, “democracia” significa que un puñado de empresarios adinerados controlan el gobierno. Ellos no van a apoyar leyes que recorten sus beneficios. No tienen contacto con las personas que teóricamente representan. ¿Cómo se puede explicar su política reaccionaria en educación y sanidad, o su apoyo a una guerra impopular como la de Irak? La única forma de hacer oír nuestras voces es en las calles, en nuestras escuelas, centros de trabajo y barrios.

El único lenguaje que estas personas entienden es el lenguaje de la fuerza. Necesitamos organizarnos y dejar claro que nos negamos a aceptar la continuación de estos ataques a nuestros derechos, salarios, condiciones y dignidad.

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