El pasado 13 de enero la diputada de Podemos Carolina Bescansa acudía al Congreso de los Diputados acompañada de su bebé de cinco meses. Las fotos de la diputada y su hijo durante la sesión constituyente de las Cortes inundaron en pocas horas las redes sociales y, durante días, han ocupado telediarios y portadas de periódicos. La reacción de la derecha, abalanzándose como una jauría contra la diputada, ha sido bochornosa y demuestra su desesperación ante el histórico avance de Podemos.

Es de un cinismo desvergonzado que miembros del Partido Popular participantes y promotores de las manifestaciones contra el derecho al aborto, organizadas por la jerarquía eclesiástica y en las que movilizan a familias enteras contra uno de los derechos básicos de la mujer, hablen ahora de “instrumentalización de los niños con fines políticos”. Por no hablar de las declaraciones de la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramás, defendiendo la “protección de los menores y la infancia”. No estaría de más que esta repentina preocupación por la infancia la llevase a término en Canarias, donde CC gobierna en coalición con el PSOE, y que según el último informe de Save the Children está a la cabeza de las comunidades autónomas en índice de pobreza infantil y a la cola en equidad educativa.

Los gestos no bastan

En el comunicado de Podemos, a raíz de la polémica, se dice: “Es un gesto simbólico por la reivindicación de todas las mujeres que tienen que poder conciliar vida familiar y personal y vida laboral y hoy día no pueden, que son muchas en nuestro país, millones de mujeres que se enfrentan solas a múltiples obstáculos”. Efectivamente, se trata de un cuestión que afecta a millones de familias trabajadores y es evidente que no se solucionará sólo con su mera “visualización”, sino defendiendo y tomando medidas concretas para convertirlo en un derecho real. En primer lugar, ampliando el tiempo establecido para el permiso de maternidad (4 meses), mucho más corto que el tiempo de lactancia materna exclusiva que la OMS recomienda (6 meses). En segundo lugar, ofreciendo suficientes plazas de 0 a 3 años en escuelas infantiles cien por cien públicas y gratuitas, en buenas condiciones, que permita a todas las madres que quieran poder desarrollar su actividad laboral mientras se garantiza el derecho a la educación de su hijo, y no teniendo que aparcarlo en una especie de garaje de niños, como ocurre con muchos centros concertados. Estas dos medidas, junto a otras mejoras en los derechos de las madres y padres, como la reducción de jornada sin rebaja salarial o la racionalización de los horarios laborales, por citar algunas, es la manera efectiva de hacer posible esta conciliación. Y todo esto ha estado ausente en esta polémica.
Un ejemplo vergonzoso de la utopía que supone para millones de personas la conciliación familiar es lo que sucede en Madrid, gobernada por la derecha durante lustros. Las tasas que tienen que pagar las familias para llevar a sus hijos a las guarderías han aumentado un 175% en los últimos años. Las tarifas para el curso 2015-2016 van desde los 80 euros (para rentas anuales de hasta 5.644 euros anuales) a los 260 euros para quienes tengan una renta anual superior a 25.725. A estos precios hay que sumarle los 96 euros del comedor, la famosa “multa por bebé” de 60 euros que hay que pagar independientemente de la renta familiar si el niño es menor de un año y los 15 euros por cada media hora que se prolongue la jornada diaria. Esto hace que una plaza pueda llegar a costar 416 euros para las familias con rentas mensuales a partir de 2.143 euros. Para las familias más humildes con ingresos mensuales de hasta 470 euros, el coste sería de nada menos que de 236 euros mensuales: ¡la mitad de sus ingresos!, y casi el doble de lo que cuesta la guardería del Congreso, 150 euros, que encima está gestionada por una empresa privada. La inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras en esta situación son obligadas a renunciar a llevar a sus hijos a la guardería, con las limitaciones que esto implica: perpetuando, por pura imposición económica, su papel de “ama de casa” encerrada entre cuatro paredes, dedicada en exclusiva al cuidado de sus hijos e impidiendo su desarrollo profesional, cultural y personal.
Además, las becas para escuelas infantiles directamente no existen y las de comedor han sido eliminadas, pero en cambio sí que hay subvenciones para las guarderías privadas, el famoso cheque bebé de Esperanza Aguirre, de entre 100 y 160 euros mensuales. Llega a darse el caso estrambótico de que muchas guarderías privadas son más baratas que las públicas, lo que ha producido un trasvase de niños a la privada y el cierre de aulas públicas por falta de demanda, alentando por tanto el negocio y la privatización de la educación infantil. Según datos recopilados en 2015 por eldiario.es, en la Comunidad de Madrid hay una red de 320 escuelas infantiles, de las cuales 90 están gestionadas directamente por Educación, y del resto, el 70% están en manos de grupos empresariales. Grandes empresas que nada tienen que ver con la educación han visto un filón económico en la educación infantil, así CLECE (del grupo ACS de Florentino Pérez) o Eulen (inicialmente dedicado a la limpieza) han entrado de lleno en este negocio; ACS gestiona 86 escuelas (10 de ellas en Madrid) y tiene 7.500 niños y niñas a su cargo.

Pasar a la acción y hacer que el cambio se empiece a notar

Ahora Madrid, al frente del ayuntamiento de la capital, tiene la responsabilidad de pasar ya de las palabras a los hechos y abordar de forma decidida el problema. En 2013, un tercio de los barrios de la capital no tenían escuelas infantiles públicas para niños de 0 a 3 años: hay que poner en marcha un plan de construcción de centros 100% públicos para absorber la demanda. En 2014, 53 escuelas infantiles municipales estaban gestionadas por empresas privadas: hay que rescatarlas a la gestión pública, sin más dilación.
Es obvio que un plan de remunicipalización de las escuelas, manteniendo y mejorando todos los puestos de trabajo, llevaría a un enfrentamiento con la patronal de la educación y con la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y de quien dependen las competencias educativas. No se puede dejar pasar más tiempo para la escuela pública, ni que ocurra  lo que lamentablemente está ocurriendo en otros sectores, como el caso de la limpieza viaria, donde el ayuntamiento madrileño renovando las concesiones de las empresas en lugar de remunicipalizarlas.
La fuerza de Podemos y de los ayuntamientos del cambio reside precisamente en lo que tanto enerva a sus contrincantes políticos, el apoyo que han recibido de los activistas, las masas movilizadas en los últimos cuatro años que les han llevado al Parlamento y a importantes ayuntamientos. Apoyarse en la movilización de su base social para aplicar políticas a favor de la mayoría es la única manera de enfrentarse a quienes pretenden que nada cambie y de defender consecuentemente los derechos de la mujer trabajadora.


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