“La política económica neoliberal ha sido una calamidad para la vida pública”, causante de la pobreza de los mexicanos y la violencia. Con estas palabras Obrador inauguraba su mandato presidencial en diciembre del 2018.  Un par de meses más tarde, daría todo su apoyo a la puesta en marcha de la termoeléctrica perteneciente al Plan Integral Morelos, ubicada en el pueblo nahua de Huexca. A pesar de lo prometido en campaña, y en medio de protestas y el asesinato del activista Samir Flores; en febrero del 2019 Obrador determinó que la contaminación del agua y subsuelo de la región, y afectaciones severas a la salud de los pobladores se decidiría en una consulta. En ella sólo se especificó las cualidades de las “energías limpias”, no se tomó en cuenta la decisión de las asambleas de los pueblos nahuas de la región, y sin ningún tipo de control, se dejó participar a toda persona que presentara una credencial de elector en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. A pesar de las acusaciones de fraude, al día siguiente Obrador enarboló los resultados de su consulta pero los amparos siguen frenándolo.

En entrevista a Militante, Pedro Uc, activista en contra del Tren mal llamado Maya, en el marco de la visita de Obrador a la inauguración de su construcción en medio de la pandemia, afirmó: “Notamos que hay poderes que lo urgen ¿Cuáles serán las fuerzas que le hacen exponer la vida de las personas que lo rodean?” Son las fuerzas del capital. La termoeléctrica de Morelos fue financiada por la CFE, empresas españolas y recursos sospechosos del exgobernador Graco; en los megaproyectos de la 4T como el Tren Maya y el Corredor Transístmico participan, la empresa China Communications Construction Company Limited, sancionada internacionalmente por corrupción, dos consorcios de Carlos Slim, una empresa nacional vinculada a personajes del narcotráfico y trata de blancas, y posiblemente Black Rock, un gigante consorcio internacional. Cabe señalar que tanto los dos últimos tramos del Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, el gobierno decidió otorgárselos a la SEDENA, Uc señala que esto tiene un doble fin, construir de a fuerza, y atacar a los pobladores que osen levantarse en protesta; y es que por décadas, el ejército mexicano ha sido uno de los principales represores cuando los pobladores se oponen a proyectos de infraestructura en zonas rurales.

En el 2019 Victor Toledano, Secretario de Medio Ambiente, confirmó 500 casos de conflictos socioambientales en nuestro país. En el sistema neoliberal, los grandes industriales capitalistas necesitan extraer materias primas a destajo a un muy bajo costo, afectando la salud, al medio ambiente y a la riqueza del Estado. En la 4T, estos proyectos siguen actuando en contubernio con las autoridades, y como señala Francisco López, periodista del La Jornada, la presidencia no se guiará por convicciones políticas ni estudios científicos, si no por los intereses del capital; mientras que a la lucha organizada popular sólo la atenderá, y no asequiblemente, en medida que no afecte intereses de gigantes inversionistas transnacionales o les briende una alternativa, como en el caso de Constellation Brans, el NAICM (sus inversionistas mudaron de proyecto), y algunas presas y minas. En víspera de la consulta al Tren Maya, el CONACYT convocó a varios investigadores para un estudio multidisciplinario de impacto en la zona, sus conclusiones preliminares fueron que intensificaría el ecocidio, etnocidio, trata y narcotráfico; el estudio fue cancelado y sus resultados no fueron mostrados a la población, cuando la institución fue interpelada por El Universal, está se deslindó del estudio asegurando el bienestar que producirá la construcción del proyecto.

Hasta ahora la 4T ha continuado con las mismas prácticas de antes para implementar sus megaproyectos. Son instalados en zonas rurales o zonas naturales protegidas, habitadas en su mayoría por campesinos e indígenas. Se acercan a la población con demagogia, y  aprovechándose de su pobreza, ofrecen futuros empleos, servicios, alimentos y dinero, sin especificaciones legales. No se brinda información del proyecto a la población y se entorpecen los estudios de impacto. A los grupos opositores se les dice: “inmaduros, conservadores”, el proyecto “va por que va”. Fomenta la división dentro de las comunidades, los asesinatos como el del activista Samir Flores no se esclarecen. La novedad de la 4T es la no represión directa y las dichosas consultas, las cuales atropellan los derechos de los pueblos indígenas, tumbando la legalidad de sus asambleas. La visión utilitaria neoliberal hacia la naturaleza, se confronta con la visión simbiótica y espiritual de la tradición indígena. La resistencia rural, campesina e indígena que por siglos ha existido en nuestro país, sigue en pie mediante amparos judiciales, bloqueos a las obras y la construcción de nuevos modelos comunitarios; y en paralelo otras resistencias urbanas van armándose, sin embargo aun queda conjuntar el total de fuerzas.

La 4T se equivoca de aliados. El pueblo fue quien la llevó al poder, no los empresarios, quienes no dudarán en irse con sus verdaderos socios. Si bien es cierto que el gobierno no ha cedido a todas las presiones del empresariado, el tema de los megaproyectos esfuma el discurso antineoliberal de AMLO, dejando a los pueblos indígenas y pobladores rurales en la más tremenda indefensión.


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