El fallo histórico que el movimiento feminista logró para que la SCJN se posicionara a favor de la despenalización del aborto en todo el país, ha traído un nuevo capítulo en la lucha y ahora lo que sigue es garantizar que el derecho a decidir llegue hasta sus últimas consecuencias en todos los estados de la república. El objetivo más urgente es la libertad inmediata de nuestras compañeras que fueron injustamente aprehendidas por abortar.

No importa si fue espontáneo, voluntario, por negligencia médica o denunciado por médicos sin ética (los cuáles ya no pueden ampararse en la criminal objeción de conciencia) ¡Ni una presa más por abortar! Actualmente suman 228, según cifras oficiales, una cifra menor a la recopilada en el 2016 con 700 mujeres presas y otras 628 monitoreadas por organizaciones sociales.

Es al capital a quien le sirven las mujeres presas

Con la penalización del aborto se enriqueció a la industria carcelaria, recordaremos que fue justo desde el régimen de Calderón que se privatizó parcialmente las cárceles, llenando las prisiones de mujeres amas de casa, pobres y afro-indígenas con un delito que ni siquiera correspondía, que era en su mayoría homicidio por parentesco porque éste representaba una sanción mucho mayor (50 años), a la de aborto. Las cárceles se han convertido en un gran negocio llenas de pobres, indígenas y mujeres.

La liberación tiene que ser inmediata, sin ninguna dilación y con indemnización pública, donde se garantice la atención psicológica, de refugio, laboral y educativa para las mujeres y el personal médico que fueron privados de su libertad.

A las mujeres que se les encarceló injustamente por abortar, no sólo se les tiene que resarcir el daño por los años presas, con garantía de trabajo sin antecedentes penales y vivienda segura, si no el acompañamiento mediante atención psicológica, inclusive de brindar refugios y redes de monitoreo ya que cuando ellas salen se encuentran con la violencia de la moral conservadora que las señala y discrimina, impidiéndoles no sólo recuperar lo perdido sino construir una vida en libertad.

Rechazamos la amnistía promovida por la bancada del PRD, porque a nosotras no nos tienen nada que perdonar, al contrario, la falta la ha cometido el Estado, atropellado a través de la vulneración de nuestros derechos reproductivos, prohibiendo y obligando a las mujeres trabajadoras y pobres a abortar en clínicas clandestinas, con la amenaza de ser denunciadas por médicos sin escrúpulos, orillándonos a ir presas o morir.

Es urgente  e imprescindible integrar una materia de educación sexual integral y salud reproductiva libre de prejuicios machistas dentro de los planes de estudio de medicina y enfermería, así como la enseñanza de cómo realizar interrupciones del embarazo desde una perspectiva integral, libre de violencia gineco-obstétrica e ideologías reaccionarias, así como talleres al personal médico en activo .

El Estado debe garantizar la seguridad e integridad de las y los trabajadores que mantenemos funcionando a la sociedad, pero intentar hacerlo en el marco del Estado capitalista es una contradicción. Por ello desde el movimiento de las mujeres trabajadoras hemos luchado por conseguir nuestros derechos, no cesaremos de tomar las calles ni de luchar organizadamente hasta no arrancar de raíz el sistema opresor, patriarcal, racista, ecocida y capitalista.

Todos los derechos para todas las personas

Este es el momento para no bajar la guardia, tenemos que conquistar el aborto seguro, legal y gratuito en todo el país, educación sexual integral desde la infancia, un sistema de salud pública integral eficiente, humano y accesible para todas y todos. La única forma de lograrlo es mediante la lucha organizada, comprometida y consciente hasta conseguir una vida digna para todas las personas.

¡Únete a Libres y Combativas!

Organicemos la lucha en nuestras escuelas, trabajos y barrios