El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, El Manifiesto Comunista).

Ante la prolongación de la crisis capitalista a nivel mundial y la tendencia general a la desaceleración de la economía norteamericana en particular, el gobierno de Enrique Peña Nieto está decidido a seguir cuidando los intereses de la burguesía (nacional y extranjera) que lo impuso en la presidencia, a destruir las conquistas laborales y precarizar todavía más las miserables condiciones de vida de la mayoría de la población, pretendiendo aumentar (del 15 al 19%) y generalizar (a medicinas y alimentos) el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Crisis y mayores impuestos a los trabajadores

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) dio a conocer que el crecimiento de la economía mexicana durante el año pasado fue del 3.9%, similar al de 2011. No obstante ello, organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), prevén un menor crecimiento para nuestro país este año del 3.3%, mientras que el Banco de México (BdM) considera que podría ser del 3.4 por ciento. En cualquier caso, el crecimiento que pueda obtenerse, se inscribirá en la tendencia general descendente de la economía nacional, tal como lo ha sido durante los últimos cuatro sexenios. En el caso de los 12 años de gobiernos panistas, por ejemplo, el crecimiento fue de apenas 2.04% en promedio (2.13% en el sexenio de Vicente Fox y 1.93% en el de Felipe Calderón). Así que a pesar del optimismo del BdM y el gobierno federal, ante la persistencia de la crisis mundial del capitalismo, la perspectiva de crecimiento para nuestro país es incierta, pues está condicionada por la desaceleración económica de los Estados Unidos en particular, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) apenas creció al 2.2% el año pasado.

Ante este panorama, los capitalistas nacionales y extranjeros, con la intención de seguir manteniendo sus ganancias, llevaron a cabo un cínico fraude electoral para imponer en la presidencia de la república a Enrique Peña Nieto, como nuevo administrador de sus negocios. Éste, en su primer acto público de 2013, ratificó su cometido de seguir impulsando más reformas estructurales (después de haberse aprobado la contrarreforma laboral con Felipe Calderón) como la hacendaria y la energética, para supuestamente fortalecer el mercado interno y no estar sujetos a factores externos. Pero ya antes, inmediatamente después de haber tomado posesión y para tratar de legitimar su gobierno, promovió el famoso “Pacto por México” (firmado por su partido el PRI, el PAN y la dirección de derecha del PRD), donde se contempla, entre las contrarreformas sociales la fiscal, consistente en “incrementar la base de contribuyentes”, así como en combatir “la elusión y la evasión fiscal”, supuestamente.

En ese mismo sentido del “Pacto por México”, desde inicios de año, se han pronunciado tanto la OCDE como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), diciendo que lo prioritario para impulsar el crecimiento en el país es concretar una reforma fiscal que le dé “viabilidad a las demás”. De aprobarse esta reforma, junto con la energética, supuestamente el PIB potencial del país aumentaría de 2.8 a 3.7% anual, según BBVA Bancomer (La Jornada, 20/02/13).

También, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) declaró que “la reforma laboral era necesaria para mejorar el desempeño de la economía, pero no es suficiente”, por lo que se manifestó a favor de “una reforma hacendaria integral” que incluya “IVA generalizado”, para de esa manera obligar a los trabajadores que se encuentran en la informalidad a pagar impuestos.

De igual modo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) se ha pronunciado por más reformas que, supuestamente, estimularan la inversión y permitirán generar empleos formales. Para ello, además de insistir en la privatización de PEMEX, también se pronuncia porque la reforma hacendaria contemple exenciones tributarias para favorecer la inversión y “la infraestructura productiva, lo cual se traducirá en mayor crecimiento y por ende en mayor capacidad de generación de empleos”.

Parasitismo de la burguesía

No obstante todo lo que dicen la burguesía (a través de sus organismos) y su representante en el gobierno para justificar el aumento y generalización del IVA a medicamentos y alimentos, la verdad es que, de aprobarse dicha reforma significará no mayor inversión ni generación de empleos, sino un agravamiento mayor de las ya de por sí precarias condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores mexicanos, mientras una minoría de magnates continua enriqueciéndose. Pues la cúpula empresarial, si no es que evade su pago, sigue siendo la única verdaderamente beneficiada en sus ganancias por los bajos impuestos que paga, y esto no se ha traducido en mayor inversión productiva, ni en mayor empleo formal, ni mucho menos en mayores salarios, como tanto pregona el gobierno; sino que se han canalizado al sector financiero-especulativo.

En el caso de la inversión extranjera, por ejemplo, por cada dólar de inversión que llega a México para financiar actividades productivas, otros dos dólares ingresan para adquirir instrumentos financieros y tratar de aprovechar los altos rendimientos que, comparados con los países en desarrollo, se pagan hoy en nuestro país. En el último año, el rendimiento promedio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha sido de 18.8%, el doble del registrado en el mercado accionario de Shanghai, el principal de China continental, que ha sido de 9.2% y superior al del mercado de Hong Kong, de 10.3% en el mismo periodo; o el de India, de 11%. Hasta ahora está entrando más inversión al mercado financiero que al sector real. Sólo en el último año, ingresaron a México 40 mil millones de dólares del extranjero para la compra de bonos de deuda (públicos y privados) y otros 5 mil millones de dólares a la BMV. Y esa suma, 45 mil millones de dólares, fue más del doble de los 20 mil millones de dólares que llegaron de inversión directa, la cual es canalizada a la actividad productiva (La Jornada, 08/02/13).

Lo anterior refleja claramente el parasitismo de la burguesía en la época actual, pues ahora los empresarios pretenden obtener dinero del dinero mismo, sin tener que pasar por el proceso de la producción. Este hecho pone de manifiesto que la crisis capitalista continúa, pues, desde la lógica de los empresarios no tiene sentido invertir en la producción real si la economía se encuentra estancada, y para generar un empleo, primero evalúan si éste les reditúa mucho más de lo que invierten en su contratación. Por eso, para supuestamente promover y atraer mayor inversión en nuestro país, los partidos de la burguesía (el PRI y el PAN) aprobaron la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, que abarata todavía más la mano de obra en nuestro país y genera mayores ventajas a los grandes capitales mediante la legalización del outsourcing (subcontratación), entre otras cuestiones que atentan contra los derechos y prestaciones de los trabajadores.

Capitalistas evasores de impuestos

Según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios del gobierno federal en 2012 alcanzaron su menor nivel en los últimos dos sexenios, al representar 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. La recaudación de impuestos fue de un billón 314 mil 464.8 millones de pesos, según los informes preliminares divulgados por la dependencia, un monto menor en casi 153 mil millones respecto a lo que se estimó obtener durante el último año de gobierno de Felipe Calderón, por lo que el rezago fue de 10.4 por ciento (La Jornada, 05/02/13).

BBVA Bancomer argumenta que lo anterior se debe a que quienes laboran en la informalidad no pagan impuestos y porque hay muchos que evaden el pago. Considerando el tema de la informalidad, es cierto que ésta se ha incrementado considerablemente, pues mientras al inicio del sexenio anterior el número de personas ocupadas en dicho sector era de 14 millones 221 mil 779, para el tercer trimestre del año anterior había alcanzado una cifra equivalente a 29 millones 271 mil 23 personas (La Jornada, 31/12/12), pero esto en realidad ha sido una válvula de escape para quienes no pueden acceder a un empleo formal.

Es la evasión en el pago de impuestos la que explica mayormente la reducción de los ingresos tributarios en las finanzas públicas. La misma SHCP, ha reconocido que la elusión del pago de impuestos fue de 668 mil 543.7 millones de pesos (catalogados como créditos fiscales) al término de 2012, cantidad equivalente al 88% de la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante ese año. Pero ¿quiénes son los que evaden el pago de impuestos? No somos los trabajadores (formales e informales), sino los que se apropian de la riqueza que generamos socialmente. Resulta, por ejemplo, que durante el 2012 los trabajadores asalariados fuimos los principales contribuyentes del ISR, en tanto los empresarios quedaron en un segundo plano. Esto es que, de la recaudación total del ISR que ascendió a 760 mil 106.2 millones de pesos, el 38% correspondió a los pagos realizados por las empresas (268 mil 360.3 millones de pesos); mientras que las retenciones por salarios se elevaron a 377 mil 663.2 millones de pesos, lo que representaron 49.7% del ISR recaudado en todo el año anterior (La Jornada, 04/02/13). Vemos pues, que la baja recaudación fiscal no se debe a que haya trabajadores que no pagan impuestos por encontrarse en la informalidad, sino al no pago de los grandes empresarios que se quedan con toda la plusvalía creada por la clase trabajadora.

Pero ahí no termina el asunto. Los grandes empresarios no sólo se niegan a pagar impuestos, sino que además les son devueltos los impuestos que llegan a pagar, o bien, reciben condonaciones. De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, se caracterizó por las altas devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes, lo cual afectó los ingresos tributarios. En 2010, un año después de haberse expresado dramáticamente la crisis capitalista en nuestro país, la recaudación ascendió a un billón 813 mil 811 millones de pesos, y las devoluciones fueron de 233 mil 261 millones (12.9% del total recaudado); mientras que en 2011, los reintegros representaron, en promedio, 13.8% de la recaudación anual total que fue de 2 billones 49 mil millones de pesos. Ese año, 20 grandes contribuyentes fueron beneficiados con la tercera parte de las devoluciones solicitadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así que de 283 mil millones de pesos registrados por devoluciones, esas 20 compañías recibieron 63 mil millones. Los sectores a los que pertenecen los empresarios beneficiados por esas devoluciones fueron: fabricación o ensamble de camiones y tractocamiones, casi 30 mil millones de pesos; tiendas departamentales y supermercados; comercios de partes y refacciones nuevas para automóviles; alimentos, casi 9 mil millones; dirección de corporativos y empresas no financieras; producción de aves de corral en incubadora; telefonía celular; almacenamiento con refrigeración; electrónica, y explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos (La Jornada, 21/02/13).

En cuanto a las condonaciones en el pago de impuestos, del total de créditos fiscales del año pasado (668 mil millones de pesos no pagados), 61% están en litigio y la posibilidad de recuperación es de apenas el 45%, lo cual significa que 185 mil millones de pesos no se van a recuperar y otros 136 mil millones tienen baja posibilidad de cobrarse. Ochenta y cuatro por ciento de dichos créditos fiscales corresponde a grandes empresas, que con argucias alargan los juicios para que después de cinco años queden condonados. Y para este año, la SHCP prepara la condonación de 410 mil millones de pesos, mientras que las devoluciones por ISR serán de 250 mil millones de pesos (La Jornada, 24/02/13).

Concentración de la riqueza social

Además de lo anterior, los grandes empresarios siguen enriqueciéndose, a pesar de la crisis económica que ellos mismos generaron. Ha sido tal la concentración de la riqueza en nuestro país en los últimos 20 años, que actualmente hay un multimillonario por cada 10 millones de habitantes, o lo que es lo mismo, casi 6 millones de pobres por cada barón de la revista Forbes. En 1991, Carlos Slim apareció como el primer barón mexicano entre los multimillonarios Forbes, con mil 600 millones de dólares (en ese entonces ya controlaba Teléfonos de México), veinte años después su fortuna se había incrementado 4 mil 300%, para redondear 70 mil millones de dólares. Otro caso es Ricardo Salinas Pliego, quien aparece por primera vez en 1994 con mil 200 millones de dólares (ya propietario de Imevisión) y para 2012 acumulaba 17 mil 400 millones (segundo en la lista mexicana de súper ricos), lo que significa un crecimiento cercano a mil 500% en el periodo. En igual lapso, la fortuna de Alberto Bailleres (zar de la plata en México, por medio de Grupo Peñoles) pasó de mil 900 a 16 mil 500 millones, con cerca de 1000% de aumento. El rey del cobre, Germán Larrea (Grupo México, el de Pasta de Conchos), incrementó sus haberes en mil 300% (de mil 100 a 14 mil 200 millones). En 1994, el último año –oficialmente– de Carlos Salinas de Gortari en Los Pinos, Forbes ya registraba 24 mexicanos súper ricos (todos asociados con la venta de empresas del Estado) y por primera (y última) vez aparecía un político: Carlos Hank González, con 3 mil millones de dólares. Pero a partir de 1995 el inventario de súper ricos se estabilizó en una decena de empresarios, uno de ellos, desde 2009, Joaquín El Chapo Guzmán. Por esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), afirma que “México es el segundo país de América Latina con mayor número de billonarios, pero a escala mundial es uno de los que menos recursos obtienen por los impuestos que cobra sobre la propiedad o el patrimonio”. Si se considera 1991 como punto de partida (con sólo Slim en la lista de multimillonarios) y se compara el acumulado en 2012 (con 10 megaempresarios, incluido un narcotraficante), el incremento de la riqueza por ellos acaparada ha sido cercano a 10,000% con un promedio anual de 500%, y pretenden más con Peña Nieto como su administrador en el gobierno (La Jornada, 31/12/12).

Por su parte, la banca privada que opera en nuestro país, cerró 2012 con un monto histórico de utilidades. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el conjunto de instituciones del sistema bancario, en su mayoría controlado por firmas extranjeras, logró ganancias netas el año pasado por 87 mil 126.20 millones de pesos, 20.6% más que las obtenidas en 2011 y una tasa que multiplicó por cinco el crecimiento que tuvo la economía en ese periodo. En el primer sitio se ubicó BBVA Bancomer, con ganancias el año pasado por 23 mil 151 millones de pesos; siguió Santander, con 17 mil 398 millones de pesos; Banamex, 12 mil 356 millones; Banorte, 9 mil 419 millones, y HSBC, 4 mil 370 millones (La Jornada, 31/01/13).

Mayores calamidades sociales

Mientras todo lo anterior ocurre, la clase trabajadora (y sus hijos) que crea la riqueza social en nuestro país, enfrenta cada vez mayores calamidades para sobrevivir. De acuerdo al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 22 millones de personas, que representan 19.4% de la población (o dos de cada diez) viven con hambre, pues disponen de un ingreso "inferior a la línea de bienestar mínimo", y que, aun cuando hagan uso de todo su ingreso para la compra de comida, no pueden adquirir lo indispensable para tener una alimentación adecuada. Y esta situación pretende ser resuelta por Peña Nieto a través de su llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, anunciada el 21 de enero pasado, la cual apenas está orientada a atender, "en una primera etapa", a 7.4 millones de personas (una tercera parte del total) de 400 municipios del país que carecen de ingresos para alimentarse adecuadamente (La Jornada, 20/02/13).

Una de las causas del deterioro en el acceso de las familias mexicanas a la alimentación es la disminución en la capacidad de compra de los trabajadores. De acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de Economía de la UNAM, durante la gestión de Felipe Calderón, por ejemplo, en nada mejoró la situación de los trabajadores. Al contrario, su gobierno se caracterizó por mantener los aumentos salariales en 4% anual durante los seis años, lo que se vio reflejado en una disminución acumulada del poder adquisitivo de 45.11%. Pues, mientras el salario mínimo nominal en este periodo aumentó 28.06%, el precio ponderado diario de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) aumentó 133.81%; en términos absolutos, los aumentos al salario mínimo de manera acumulada en los seis años fueron de 13.66 pesos, mientras el precio de la CAR aumentó 108.16 pesos.

Por lo anterior, el CAM afirma que “el salario mínimo diario sólo durante el calderonato acumuló un rezago de 47 años”. De manera que para recuperar la pérdida (registrada sólo con Calderón) del 45.11% en el poder adquisitivo, se requería mantener su mismo incremento salarial promedio de cada año, así como congelar los precios de los productos que comprenden la CAR durante 49 años y aumentar año tras año sólo el salario mínimo diario entre 4 y 5%. De esa forma, para el año 2061 el salario mínimo sería de 189.62 pesos y el precio de la CAR debería ser de 188.99 pesos (La Jornada, 24/12/12). Lo que significa que, tendrían que pasar prácticamente 10 generaciones de trabajadores mexicanos para que con un salario mínimo y sin incremento en los precios de la canasta alimenticia recomendable cualquier trabajador pudiera adquirir la CAR (sólo 40 alimentos).

Pero la caída del poder adquisitivo de los trabajadores no ocurrió sólo durante el gobierno de Calderón; si retrocedemos a finales de los años ochenta en estudio (cuando el PRI gobernaba como ahora), vemos que la pérdida es mucho mayor. El mismo CAM ha señalado que el salario acumula una pérdida de 82.36% desde diciembre de 1987 a octubre de 2012. Dicho de otra manera, se requerirían más de seis salarios mínimos para adquirir la canasta básica indispensable, que es el promedio de lo que consumiría una familia de cinco miembros. Lo que significa que están fuera del alcance de los trabajadores el pago de servicios de salud, recreación, educación, vestido y calzado (La Jornada, 20/12/12).

¡Que los capitalistas paguen por su crisis!

Si lo anterior no fuera suficiente para los capitalistas, ahora pretenden aumentar y generalizar el IVA a alimentos y medicinas a través de sus representantes en el gobierno y sus partidos políticos (el PRI y el PAN) en el Congreso, mientras ellos siguen evadiendo sus pagos, exigiendo devoluciones o condonaciones y aumentando sus ganancias en medio de la crisis que ellos mismos generaron.

Los trabajadores no podemos permitir un ataque más a nuestras ya de por sí precarias condiciones de vida. Debemos ser conscientes de que si nosotros somos la única clase creadora de la riqueza en la sociedad, nosotros podemos y debemos administrarla democráticamente para resolver definitivamente los problemas cotidianos que enfrentamos (desempleo, pobreza, analfabetismo, violencia, narcotráfico, etc.). Los capitalistas han demostrado su parasitismo total, viven de explotar nuestra fuerza de trabajo, son incapaces de administrar adecuadamente la sociedad y quieren que nosotros sigamos pagando más, mientras ellos siguen apropiándose la riqueza social.

Sin organización seguiremos siendo carne de explotación. Es necesario presionar a los dirigentes de nuestras organizaciones sindicales y de los partidos políticos de izquierda para que se pongan al frente de la lucha por la defensa de nuestros derechos laborales y contra los ataques que pretende dar la derecha privatizando PEMEX e imponiendo el IVA a medicinas y alimentos. Los dirigentes sindicales y de los partidos de izquierda no sólo deben pronunciarse en contra de tales ataques, tienen que llamar a la movilización masiva en las calles que demuestre la fuerza numérica y el potencial de la clase trabajadora para transformar completamente la sociedad capitalista que está sumiendo en la barbarie a la mayoría de la población.

Al mismo tiempo que luchamos por frenar y revertir los ataques a nuestras condiciones de vida, rechazando el aumento y generalización del IVA a medicinas y alimentos, y exigiendo que los capitalistas paguen por tener más (impuesto progresivo), debemos plantearnos también la lucha por la revolución socialista, pues ninguno de los problemas que enfrentamos tendrá solución definitiva mientras sigamos sobreviviendo en esta sociedad capitalista decadente. Solamente expropiando a los capitalistas (grandes empresarios, banqueros y terratenientes) y planificando la producción económica con la participación democrática de los trabajadores, se podrá administrar mejor la riqueza social para resolver el problema del hambre, el desempleo, la falta de educación, salud, vivienda digna; se podría industrializar el campo y dar créditos baratos a los campesinos, entre muchas otras cosas.

¡Únete a Militante y luchemos juntos por estas demandas al interior de tu sindicato, escuela o centro de trabajo!


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