Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha emprendido un despliegue militar en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, el mayor en la región desde la invasión estadounidense de Panamá en 1989. Bajo una supuesta operación contra el “narcoterrorismo”, Estados Unidos ha llevado a cabo hasta ahora diecinueve ataques letales contra embarcaciones menores en aguas internacionales, causando la muerte de al menos setenta y seis personas. Los ataques tenían como objetivo embarcaciones venezolanas y colombianas presuntamente dedicadas al narcotráfico.
El gobierno de Donald Trump ha insistido en que se trata de operaciones antinarcóticos necesarias y decisivas, pero sin transparencia ni supervisión, los ataques no han sido más que ejecuciones extrajudiciales. Con el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo y el buque de guerra más grande jamás construido, operando en la región y el presidente Trump amenazando con “cientos más” de ataques, la misión se asemeja cada vez más a una operación para un cambio de régimen en Venezuela.
La política exterior de Trump trata cada vez más a América Latina como un laboratorio estratégico donde Washington pone a prueba los límites de la hegemonía estadounidense. El despliegue de recursos navales estadounidenses en el Caribe, junto con la confirmación pública de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, señala un nuevo grado de intervencionismo en la región. Estas acciones presentan a América Latina como una amenaza criminalizada, como “narcoestados”, que justifican medidas extremas.
La descertificación de Colombia, históricamente el aliado más cercano de Estados Unidos en la región, como “socio poco fiable” en la lucha contra el narcotráfico, fracturó un marco de seguridad vigente durante décadas. Colombia anunció la suspensión de la cooperación a menos que Estados Unidos detenga su campaña letal en el mar, y la CARICOM, organización internacional con quince estados miembros y cinco miembros asociados en la región, advirtió que las acciones militares estadounidenses amenazan la estabilidad regional, pero como es de esperarse de las instituciones internacionales, a sus palabras no les siguen los hechos.
De manera similar, México, Brasil y los estados centroamericanos también han enfrentado una renovada presión en materia de comercio, migración y “cooperación en seguridad”, donde Washington plantea el cumplimiento en términos transaccionales: alinéense con las prioridades estratégicas de Estados Unidos o enfrenten medidas punitivas. El resurgimiento del uso de aranceles, la designación de grupos del crimen organizado como “organizaciones terroristas” y las amenazas de sanciones evidencian esta postura cada vez más extractiva.
Como afirmamos en otro artículo: La competencia entre las grandes potencias ha vuelto. El bloque chino-ruso ocupa la principal preocupación de la burguesía norteamericana y sus representantes. Y su desesperación es proporcional a los pasos colosales que el imperialismo chino ha dado en la región.
Aún no se sabe con certeza si esta estrategia generará acatamiento, reacciones adversas o una reconfiguración geopolítica, dependerá de la correlación de fuerzas entre las clases a nivel regional. Lo que sí está claro es que se trata de la postura estadounidense más confrontativa hacia América Latina en décadas y hay quienes aplauden estas medidas. María Corina Machado, golpista ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, y sectores de la oposición venezolana apoyan abiertamente la guerra de Trump contra su país. Machado lleva años abogando por una intervención militar estadounidense para derrocar violentamente al presidente Nicolás Maduro. Si Trump y su secretario de Estado Marco Rubio logran colocar a Machado en el poder, ella se ha comprometido a vender los activos de su país. Este año, durante una reunión con ejecutivos corporativos en Miami, Florida, destacó un “programa masivo de privatizaciones”, ofreciendo una oportunidad de 1,7 billones de dólares para explotar el petróleo, el gas natural, la infraestructura, el oro y otros minerales de Venezuela.
Este recrudecimiento tiene consecuencias que van mucho más allá de Venezuela. A medida que Estados Unidos está dispuesto a infringir el derecho internacional, sus aliados dudarán en compartir información de inteligencia sensible en otros escenarios, lo cual han expresado Reino Unido, Francia y los Países Bajos, pilares del sistema de inteligencia del que depende para sus operaciones marítimas en la región. Los gobiernos latinoamericanos perciben cada vez más la diplomacia estadounidense como impredecible, lo que empujará a algunos estados a buscar alianzas estratégicas con China, el efecto contrario de sus pretensiones.
La posición de Trump en el ámbito doméstico se está desmoronando. Tras el cierre del gobierno federal, el más largo de su historia, y su creciente impopularidad, su administración necesita una crisis exterior para explotar el miedo, centralizar el poder y aprovechar la crisis de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026. Un camino que conduce a una guerra silenciosa y no declarada, justificada por una doctrina "narcoterrorista", implicará muertes civiles, desplazamientos forzosos, represalias regionales, el colapso aún mayor del sistema de alianzas y un conflicto prolongado entre países. Por lo visto, Estados Unidos intentará orquestar una operación de cambio de régimen con la justificación de la "guerra contra las drogas", combinando los dos mayores fracasos de la política exterior estadounidense en el pasado reciente, una apuesta alta e incierta, pero que además se topará con la resistencia de la clase trabajadora de su propio país y de América Latina como ya está sucediendo.
En los últimos meses hemos tenido una rebelión de la clase trabajadora, campesino y especialmente de la juventud en países como Ecuador o Perú frente a los planes entreguistas de sus gobiernos títeres, y esto no es más que el inicio de una confrontación de clases a nivel regional. La única manera de detener los planes imperialistas es con la lucha organizada por el derrocamiento de Trump y la clase dominante que representa, así como de las burguesías en cada país latinoamericano, para construir una América Latina socialista libre de opresión, despojo y sometimiento.
