El pasado 29 de abril un grupo de trabajadores de la Universidad de Colima estalló una huelga de hambre para exigir el manejo transparente de los recursos de dicha institución referentes al manejo de las pensiones de los trabajadores así como el cese de la intervención de las autoridades dentro de la vida de su organización sindical, el SUTUC, pues en marzo pasado fue destituido su Secretario General.

La situación de la Universidad de Colima, no es extraña a la que viven las universidades públicas del país. Por el contrario es la norma que en las instituciones dicten los intereses de unos cuantos que se hacen con los recursos para sus propios beneficios, mientras la gran mayoría de su comunidad es sencillamente relegada a un segundo plano. Pero si no fuera poco la situación se vuelve escandalosa con los ataques que se han impulsado con el gobierno de Peña Nieto. Este año por ejemplo, a partir del Presupuesto de Egresos propuesto por el Gobierno Federal, serán recortados más de $2 mil 200 millones del presupuesto de las universidades públicas del país. Sin considerar el incremento nulo producto de una inflación estimada en 4.7%, según el Banco de México.

Por ello es que a finales del año anterior los rectores, a partir de la ANUIES, reclamaron al gobierno federal un incremento del presupuesto en educación superior. Según sus cálculos el presupuesto para este sector requiere un incremento de 50 mil millones de pesos más los 103 mil 300 millones aprobados para el año en curso. Es decir según esta institución, que poco tiene que ver con quienes a diario nos enfrentamos a la falta de material para desarrollar nuestras actividades académicas, se requiere cerca de un 50% más del presupuesto asignado. La campaña propagandística desarrollada por el Gobierno Federal, para aparentar un incremento en el presupuesto educativo y demostrar los “beneficios de la reforma educativa” no han logrado engañar a nadie. Tan sólo basta comparar el supuesto incremento de 9.5% del presupuesto de las universidades públicas estatales con el riesgo de quiebra de por lo menos cuatro de ellas (Zacatecas, Sinaloa, Yucatán y la Agraria Antonio Narro) según el propio secretario general de la ANUIES, Enrique Fernández Fassnacht. Al que se agrega la situación en la cual se encuentran las instituciones de educación pública por adeudos de jubilaciones y pensiones, sin considerar la inestabilidad y la precarización laboral.

La actitud de las autoridades universitarias de ningún modo está dictada por la buena voluntad o el genuino interés por preservar y mejorar las condiciones laborales y de estudio dentro de las universidades públicas. Por el contrario son sus mezquinos intereses personales de enriquecimiento y el temor a que las universidades se conviertan de a poco en bastiones de luchas más importantes en defensa de la educación y los derechos laborales, los que les han obligado a adoptar esa postura ante un gobierno débil y desacreditado como el de Peña Nieto. Hablar de la existencia de mafias universitarias encabezadas por sus ex rectores no ninguna ligereza sino un hecho real. Por ejemplo tan solo la UNAM eroga cerca de 13 millones de pesos en sueldos vitalicios a ex rectores. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligo en 2010 a la Universidad Autónoma de Zacatecas a entregar información sobre salarios, bonos y otras prestaciones. Universidad que a lo largo de este ha visto una lucha tenas de sus trabajadores para que las autoridades paguen las deudas en pensiones por más de 70 millones de pesos al ISSSTE, y que en noviembre pasado se declarara en posibilidades de bancarrota.

La lucha de los trabajadores de la Universidad de Colima o de la de Zacatecas debe ser un llamado de atención a las organizaciones sindicales a prepararse y hacer un llamado claro a los jóvenes y a los trabajadores a movilizarse para defender la educación pública en nuestro país ante los ataques que vendrán con la Reforma educativa en el nivel superior. La asfixia presupuestal que ahora se impulsa es solo un método del gobierno federal y los gobiernos estatales para minar la situación dentro de las instituciones, llenando sus bolsillos de paso, y con ello impulsar los ataques subsecuentes a las condiciones de estudio y trabajo. El ejemplo de los jóvenes solidarizándose con la lucha de los trabajadores de Colima o el de los estudiantes de la UAZ es alentador y muestra el camino a seguir, unificando las luchas y las demandas de la comunidad universitaria. Solo en la medida en que estemos mejor organizados y nos vinculemos con nuestros aliados naturales podremos estar más cerca de obtener nuestras demandas.

¡Alto a los ataques a la educación pública!

¡Unidos y organizados, venceremos!