El pasado mes de julio se anunció la reforma a la Ley de Pensiones del Seguro Social de 1997. Propuesta que será discutida en la cámara de diputados y que cuenta con el aval de la iniciativa privada y los sindicatos.

Son tres los cambios que se anuncian con bombo y platillo para “mejorar” las jubilaciones de los trabajadores en México: aumentar la aportación patronal del 6.5% al 15% de manera paulatina durante los próximos diez años, reducir las semanas de cotización de 1250 a 750 y elevar la pensión mínima garantizada.

Aunque inicialmente pareciera un “avance” con “beneficios” para los trabajadores y sus jubilaciones, en realidad no son más que las migajas de los ingentes beneficios que nos han robado desde la Reforma del 1997. Haciendo un análisis profundo de dicha Reforma podremos desmenuzar un sinfín de contradicciones y engaños con los que los trabajadores nos toparemos a la hora de lograr un beneficio en un futuro.

La reforma neoliberal de 1997

Las anteriores reformas han significado que el ahorro de los trabajadores se individualice y mercantilice, renunciando totalmente al sistema solidario de pensión. Se redujo el monto percibido y aumentó la edad de retiro. Se crearon cuentas individuales de ahorro manejadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) que son empresas privadas guiadas por el lucro.

Hasta antes de la reforma del 97 un trabajador requería de 500 semanas de cotización, ahora, para retirarte tienes que laborar 24 años en un empleo formal. Sin embargo, en diez años, sólo el 24% de trabajadores registrados ante el IMSS cumplieron con dicho requisito, menos de la cuarta parte de trabajadores formales en todo el país.

En pocas palabras, se ha fortalecido al capital financiero y la especulación con nuestras pensiones. Incluso ha supuesto la imposibilidad de contar, en algunas ocasiones, con una pensión después del retiro. Se ha creado una mayor desigualdad condenando a millones de pensionados a la miseria y el abandono.

Por una pensión estatizada, universal y digna

Esta Reforma no se pronuncia sobre la posibilidad de volver al esquema de la pensión solidaria y que dejen de ser privadas. De hecho, las cámaras empresariales, bancos y patrones dicen cínicamente que aceptan estas condiciones, pero es precisamente porque la reforma elimina toda posibilidad de estatización. El enriquecimiento, especulación y jineteo de los dueños de las Afores a costa del ahorro de los trabajadores seguirá aun con esta nueva reforma. Es cierto que el costo de comisión por manejo de cuenta se reducirá, no obstante, no se elimina la medida en UMAS de la parte que otorga el Estado. Esto último nos perjudica pues hace calcular por debajo del salario mínimo. Por último, el Estado aportará más significando una carga fiscal importante ¿De dónde sacará AMLO esos recursos? Lamentablemente cargándole la loza aún más a quienes pretende apoyar con la Reforma e impulsando los megaproyectos como Dos Bocas, la Termoeléctrica, etc.

Con respecto al aumento de la aportación patronal, se nos oculta que se otorgará en medida del salario del trabajador, lo que quiere decir que esta podrá ser del 15% siempre y cuando el trabajador perciba 25 salarios mínimos. En México sólo el 2% de los trabajadores que cotizan al Seguro Social ganan 18 salarios mínimos. En termino reales, las y los trabajadores de los sectores más humildes, no nos beneficiaremos de este apartado.

Para millones de jóvenes trabajadores suena a cuento acceder a un trabajo estable, ya no hablemos de tener una pensión digna (como la tenían nuestros padres o abuelos hace más de 30 años). Son condiciones como estas de las que el narcotráfico saca provecho para atraer a cientos de jóvenes.

No podemos hablar de jubilaciones dignas sino hablamos de creación de empleos formales, bajo un contrato colectivo de trabajo y con todas sus prestaciones. La disminución de las semanas, si bien es un apartado que posiblemente beneficie al sector formal, no beneficia en nada al outsourcing o el trabajo por cuenta propia, (que, por cierto, el mismo Estado impulsa ya que tiene a miles trabajando bajo esa modalidad) puesto que no se goza de contrato, ni seguridad social, por tanto, no se cotiza. Tras años de explotación, estos sectores difícilmente comprobarían 15 años de trabajo en un empleo.

Este tema de las pensiones, nuevamente, pone de manifiesto que no se puede repartir las ganancias a partes iguales, y menos en un contexto de crisis. En los hechos, la Reforma sigue beneficiando a los de siempre, condenándonos a la mendicidad en la vejez. Exigimos una Reforma que vuelva al régimen solidario, que se decrete la universalidad y se dignifiquen los trabajos. Esa sería la única transformación real que beneficie al pueblo.