El jueves primero de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto por sus nexos con diversos escándalos de corrupción. Ante esta situación, cabe preguntarse si el gobierno de la 4T utilizará la consulta como una herramienta para dar voz a la población e impartir justicia de forma clara y eficaz, o si, por el contrario, la enarbolará únicamente como un estandarte que le permita, en realidad, defender los intereses propios de la democracia burguesa.
“La justicia no se consulta” fue uno de los argumentos esgrimidos por el ministro Luis María Aguilar Morales para proponer inviable esta propuesta. Tal declaración, aparentemente franca y certera, de hecho, pone en manifiesto las ensombrecidas intenciones que lo empujan a desacreditar el tema. No se debe olvidar que este mismo ministro fue quien se posicionó en contra del recorte salarial a altos funcionarios de gobierno en 2018, protegiendo el enriquecimiento de la alta burocracia estatal a costa de la precarización que viven cotidianamente las trabajadoras y trabajadores del país. Sí, la justicia debe aplicarse, no someterse a negociación, pero resulta risible que utilicen esta premisa como excusa para proteger a las figuras involucradas en la consulta, aquellas con las que han pactado durante años y han vendido los recursos del territorio a las transnacionales y al capital privado.
Ahora bien, es cierto que la constitucionalidad de la consulta ciudadana esconde otras implicaciones. López Obrador ha pedido a la SCJN que no se le niegue a la ciudadanía su derecho a la participación, y ha declarado en múltiples ocasiones que la consulta tiene por objetivo acabar con la idea de que todas las decisiones las toma el mandatario. Esto conduce fácilmente a una sobremediatización del caso; parece entonces que, más allá de un auténtico interés por defender la voz de la clase trabajadora, el gobierno actual enaltece el juicio a expresidentes en función de sus intereses políticos. Convenientemente, se ha propuesto que la fecha designada para la consulta sea junio o agosto de 2021, cerca de las elecciones federales donde Morena disputará su hegemonía; resultan evidentes las intenciones de obtener votos por relación, no hay duda de que la 4T aprovechará esta circunstancia.
También se deben tomar en cuenta las reiteradas declaraciones de AMLO sobre el “perdón y olvido” que pretende hacia diversos personajes políticos pertenecientes a administraciones anteriores, así como su defensa hacia la figura presidencial. Esta postura es producto de la agenda reformista que ha impulsado desde el inicio de su sexenio; las contradicciones que encierra dejan en claro que la conciliación entre el viejo régimen y el actual gobierno sólo es posible cerrando los ojos al clamor de justicia popular y abandonando las posiciones antes defendidas. Los privilegios de la burguesía permanecerán intactos mientras López Obrador condene con acciones que no promuevan realmente un cambio de fondo; las constantes transformaciones en su discurso y en sus acciones ponen en evidencia la tensión irresuelta entre ambos frentes.
En los últimos meses, a pesar de la crisis sanitaria, la fuerza trabajadora ha permanecido en continua organización. De la misma manera, la demanda de justicia contra las atrocidades de los expresidentes -incluyendo a Luis Echeverría- será un importante eje de la discusión política del país y puede ser aprovechada para la articulación crítica al respecto. Utilicemos esta oportunidad para defender nuestros intereses de clase. No se puede consentir su uso como banderín de la democracia burguesa y reformista; exigimos su práctica en favor de la justicia, sin que ello implique el abandono a otras problemáticas urgentes a las cuales el gobierno no ha dado respuesta. No requerimos discursos catalizadores, sino acciones concretas que permitan satisfacer las necesidades de la clase trabajadora del país.
