El pasado 30 de agosto inició el ciclo escolar 2021-2022, y supuso el regreso a clases presenciales para miles de alumnos y alumnas de educación básica. Aunque ha sido escalonado y actualmente la mayor parte de las escuelas optan por un sistema híbrido, está previsto que para finales de octubre el número de estudiantes y docentes en las aulas sea mucho mayor al actual.

En la CDMX, la cifra de alumnos en modalidad híbrida-presencial corresponde al 85%, mientras que a nivel nacional el porcentaje se detiene en 54%. Ante este panorama, resulta necesario un balance sobre las acciones implementadas desde el gobierno hacia el sector educativo desde el inicio de la pandemia; la actitud de desidia burocrática que se observa en la Secretaría de Educación Pública y las perspectivas de la clase trabajadora respecto a la educación.

A inicios de septiembre, la SEP anunció que se habían registrado 88 casos de Covid entre las escuelas primarias que habían vuelto a modalidad presencial, y que 39 planteles habían vuelto a la virtualidad por esta razón. A pesar de no haber actualizado la información desde entonces, los medios oficiales aseguran que no ha habido un incremento de contagios, y que las cifras son proporcionalmente bajas. Este es el discurso difundido y aceptado, con el cual se pretende ignorar la realidad a la que se enfrentan las familias de la clase trabajadora, los docentes y todo el personal educativo, quienes han tenido que tomar decisiones sin margen de acción: enviar a las alumnas y alumnos al riesgo que supone una vuelta sin protocolos rígidos, o continuar con la insostenible educación a distancia sin los medios necesarios en casa.

Ciertamente, los contagios parecen ser relativamente pocos, esto debido principalmente a que la asistencia a las escuelas disminuyo de forma considerable, lo cual ha permitido la posibilidad de mantener una distancia relativamente segura y una ventilación adecuada. Sin embargo, una vuelta total a la educación presencial significaría retomar problemas estructurales a los que no se ha dado solución, como el hacinamiento en los salones o la falta de agua potable en 27% de las escuelas del país.

Hasta el momento se han podido evitar los altos índices de contagio gracias a la decisión forzada y organizada en muchos casos de las familias trabajadoras, a quienes se pretende delegar dicha responsabilidad, de no mandar a los infantes y adolecentes a las escuelas y exigir a los directivos modelos a distancia o híbridos. En realidad, se debe decir claramente que si no ha habido repuntes no ha sido gracias a las acciones del gobierno, sino a pesar de ellas. Las cifras oficiales, relativamente estables, se construyen a partir de la precariedad y explotación laboral extrema de los docentes, la carencia de infraestructura sanitaria y la organización de la comunidad escolar. Nuevamente, ha sido la clase trabajadora quien se ha articulado como alternativa ante el abandono educativo del sistema capitalista.

El regreso a las aulas responde a intereses políticos y económicos, no a una verdadera preocupación sobre el rezago educativo en el país. De ser así, se hubieran implementado medidas verdaderas como la rehabilitación de escuelas, construcción de más centros y aulas, contratación de más personal educativo, aumento de sueldo a trabajadores de la educación, mejoramiento para un sistema de transporte seguro, suficiente y eficaz, etc. Las condiciones necesarias para el retorno a clases seguro pudieron haber sido atendidas si hubiera un genuino interés en la educación pública. La falta de presupuesto como excusa de su inacción no nos satisface: sí hay dinero, pero queda claro que debemos arrebatarlo mediante la lucha para asegurar nuestro derecho a una educación digna.

A la par de esta situación, no se puede dejar de lado la doble jornada laboral que viven las maestras y maestros en la modalidad híbrida, pues no existe el personal suficiente para abarcar ambos modelos, así como el riesgo al que también se exponen quienes han decidido volver a los salones.  A pesar de los múltiples pronunciamientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al respecto, se hace patente también la falta de una convocatoria unificada y contundente que movilice a las y los trabajadores para exigir condiciones seguras no únicamente en las escuelas, sino en todos los aspectos que involucra la educación: un salario digno, disminución de la carga laboral, compensaciones adecuadas por los gastos en dispositivos para las clases virtuales, basificación, contratación de más profesoras y profesores, apertura de nuevas escuelas, entre otras.

No se debe olvidar que a principios de agosto la 4T, en un intento por “impulsar” la vuelta a clases, repartió estímulos económicos como compensación por el trabajo docente durante la pandemia. Un total de 4,793 mdp repartidos entre los casi 900 mil docentes en el país, lo que resultó en un pago de 720 pesos para cada uno. Esto constituye una auténtica burla ante los miles de pesos que han invertido en conexión a internet, dispositivos, accesorios para adaptar los espacios de trabajo y las cientos de horas extra no retribuidas en este periodo, mientras las grandes empresas privadas de telecomunicaciones y tecnología siguen llenando sus bolsillos a costa de la necesidad de los oprimidos y de la posición privilegiada que ocupan.

Ante la pretendida normalización de cierto número de contagios como “daños colaterales” de la vuelta a clases, nosotros decimos que estos son totalmente evitables, y que cada estudiante, trabajador o docente que enferme es responsabilidad de este sistema que considera nuestras vidas como desechables y reemplazables, y de un gobierno reformista que sigue priorizando la inversión privada a las necesidades de la clase trabajadora. Necesitamos continuar con la lucha organizada para conquistar mejores condiciones de estudio y de vida; lograr la inversión del 10% del PIB a la educación pública, y no dar ni un paso atrás en los derechos ganados en la calle.


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