Recientemente nuestro país, al igual que el mundo entero, ha experimentado uno de los episodios más desgarradores en la historia del capitalismo y sobre el cual aún está lejos de haberse dicho la última palabra.

Crisis capitalista

Como no sucedía en aproximadamente siete décadas, el 2009 se presentó como una prueba irrefutable respecto el hecho de que el capitalismo se encuentra sumergido en una crisis orgánica, es decir que el actual modo de producción ya es incapaz de jugar un papel progresista para la humanidad y que por el contrario ahora éste deriva sólo en barbarie y miseria para la inmensa mayoría de trabajadores en el planeta.

Al igual que en todo el mundo, en México la reciente crisis económica, cuyo punto más álgido por el momento se presentó en 2009, se tradujo en despidos masivos y la destrucción de una serie de importantes derechos laborales y sindicales. Mientras en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) al finalizar ese año las cifras del desempleo alcanzaron a 212 millones de personan, 34 millones más en relación a 2007, en México se registró el despido de 1 millón y medio de trabajadores (La Jornada 22122009). Durante ese año el Producto Interno Bruto (PIB) nacional experimentó una contracción del 6.5%.

Ese fue el saldo cobrado por la burguesía a la clase trabajadora en aras de mantener sus beneficios frente a la crisis. Ahora si bien el PIB creció en 2010 un 5.5% los recientes cálculos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronostican que al concluir este 2011 dicho rubro crecerá sólo entre 4 y 4.3%, siendo esto último un reconocimiento tácito de la seria fragilidad de la recuperación económica de nuestro país. De hecho, frente a los discursos triunfalistas de Calderón, el propio gobernador del Banco de México (BdeM), Agustín Carstens, ha tenido que salir a hacer llamados públicos recomendando atemperar el optimismo sobre la recuperación porque los riesgos latentes no deben desdeñarse. (La Jornada 08042011).

No hay nada firme respecto a la recuperación económica del principal destino del 85% de las exportaciones mexicanas, los Estados Unidos, pues esta se desarrolla al mismo tiempo que dicho país tiene 13 millones 483 mil desempleados y que en el que se encuentran en peligro de quiebra, a enero del 2011, mil bancos contra los 600 que había en condiciones similares en 2009. Por ello el gobierno yanqui ha fijado como perspectiva para 2011 un crecimiento del PIB del 2.7% contra el logrado en 2010 que fue del 3.1%.

Para la economía mexicana es vital una más solida recuperación de los Estados Unidos; de ello depende el que se reactive de mejor forma el sector exportador de nuestro país el cual ha sido el principal motor económico en cuando menos los últimos 20 años.

Ataques a la clase trabajadora

Por consecuencia, frente a un ambiente hostil para las exportaciones nacionales, Calderón y la burguesía saben que el camino para lograr mayor competitividad en el mercado mundial para las exportaciones es reducir los costos de producción abaratando aun más la mano de obra. Esa es la razón de fondo que motivó a los priistas a presentar en la cámara de diputados su propuesta de contrarreforma laboral, misma a la que se ha plegado el PAN.

Al igual que lo han hecho en el pasado, hoy la burguesía pretende también ponerle punto final a las secuelas de la crisis cobrándole la factura a los trabajadores: en el caso de la crisis de 1995 en la cual el PIB  se contrajo un 6% y la inflación fue del 45% contra un incremento salarial en abril del 12% y el despido masivo que entre enero y abril de ese año llegó al millón 85 mil empleos destruidos.

Bajo ese contexto, además del apoyo financiero del gobierno yanqui por 20 mil millones de dólares, para superar la crisis el gobierno de Zedillo (1994-2000) lanzó una ofensiva contra los derechos de los trabajadores con medidas a más largo alcance. Por ejemplo en el mismo 1995 se incrementaría del 10 al 15 en el IVA, además se modificaría la Ley del IMSS para que en que en adelante las semanas requeridas para tener derecho al Seguro de Retiro por Cesantía en Edad Avanzada y por Vejez pasaran de 500 a mil 250; acto seguido serían privatizadas las plantas de petroquímica y Ferrocarriles Nacionales, entre otras paraestatales.

Por su parte el salario sería presa de una política de choque aun más severa por medio del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (debido a dicho pacto el salario real sólo se incremento en un 7% durante aquellos años, mientras que la inflación alcanzaría el 164%), además de que durante el sexenio de Zedillo el 70% de los contratos colectivos de trabajo serían destruidos o mutilados.

Debido a esas medidas las exportaciones mexicanas se hicieron más competitivas, siendo ello la principal explicación de que tras el colapso económico de 1995, la economía nacional haya experimentado una recuperación importante en 1996, año en que creció en un 5.1%, para después, ya en el 2000, último año del gobierno de Zedillo, crecer hasta el 7%. En otras palabras la recuperación económica tras la crisis de 1995 se logró sobre la espalda de la clase trabajadora, y eso, para el caso especifico de la situación actual de de nuestra economía, cuya recuperación es endeble y que está sostenida por alfileres, es exactamente lo que pretenden hacer el PAN y el PRI con la contrarreforma laboral que promueven.

Contrarreforma laboral

Esta “nueva” contrarreforma representa el sueño de más de 20 años de la burguesía. Su elaboración se ha basado en desempolvar los viejos deseos de un sector de empresarios representados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que fueron parte de su elaboración, junto con representantes del grupo parlamentario del PRI y los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT) e inspirada en la contrarreforma presentada por el PAN en marzo del año pasado.

Lo que plantea no es novedad, en muchos casos es la legalización de prácticas que ya se llevan a cabo, como el caso de la subcontratación o “outsourcing”. Coincidimos con los análisis que señalan como los puntos clave y más graves de la reforma a la precarización salarial, la facilidad de despido y la destrucción de prestaciones a través del outsourcing. Sin embargo la reforma toca muchos puntos sensibles para la clase trabajadora, más aún en este contexto de crisis económica mundial. El conjunto de la contrarreforma representa un retroceso de decenas de años en los derechos laborales, cabe recordar que la actual Ley Federal del Trabajo (LFT) ha sido el resultado de diferentes luchas que costaron vidas a la clase trabajadora.

Aun así una reforma laboral es necesaria, pero al contrario de la que se presenta, esta debe ser una reforma que recupere todos los derechos laborales que han sido eliminadas de LFT a lo largo de los años y en la que no se divida a los trabajadores en apartados, el “A” y el “B”, y en la que se eliminen los impedimentos legales que le niegan a los trabajadores al servicio del Estado el derecho a huelga y a la contratación colectiva, por ejemplo; se requiere una reforma laboral en la que se recorte la jornada de trabajo de 8 a 6 horas diarias sin reducción del salario y en la que se asegure que el salario mínimo cubra plenamente el derecho a una vida digna para todas las familias de los trabajadores, pues de acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM para el caso de este 2011 el salario mínimo tendría que ser de 17 mil 900 pesos mensuales (La Jornada 23022011), cantidad por mucho superior a los mil 794 pesos que actualmente se obtiene mensualmente por esa clase de salarios; se requiere un reforma laboral en la que se reconozca el seguro universal para los desempleados y en el que las relaciones obrero patronales no estén bajo el arbitraje del Estado (por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como las diferentes juntas de conciliación y arbitraje) impidiendo que éste tenga la última palabra pare reconocer a un sindicato y a su dirección mediante la toma de nota o para definir quién tiene la razón cada que hay un conflicto laboral entre los trabajadores y sus patrones. El Estado es un instrumento al servicio de los patrones y está clara la postura que adoptará cada que se presente un conflicto laboral. También, entre otros puntos más, una reforma a la LFT tendría que contener medidas para eliminar el charrismo y el corporativismo sindical.

Regresando al planteamiento sobre la contrarreforma también es de llamar la atención los titubeos con que el PRI ha decidido, aun con la mayoría casi absoluta de la cámara de diputados, lanzar esta propuesta metida en el cajón desde diciembre de 2010. La razón muy probablemente sea, el interés del PRI por hacerse notar para burguesía como la mejor apuesta al 2012.

La manera en que se ha presentado la contrarreforma laboral nos deja pensando en las presiones y contradicciones de las cuales ha sido producto, pero el contenido es todavía más claro sobre los intereses que se esconden en esta propuesta disfrazada de ventajosa para aumentar el empleo y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres. Es curioso éste planteamiento cuando la ley profundiza precisamente la desventaja de estos sectores y nuevas generaciones frente a la perdida de condiciones laborales que actualmente siguen vigentes.

La reforma toca diferentes aspectos, aquí abordaremos solo algunos, a nuestro parecer los más relevantes:

Sobre la estabilidad del empleo, las modificaciones en el articulo 39 de la LFT plantean arrebatar el derecho de todo mexicano a un empleo digno, por la dependencia del contrato respecto a la existencia de la “materia de trabajo”, una trampa para declarar nulidad de contrato al momento que el patrón considere que no hay dicha materia de trabajo. Esto dejará en completa incertidumbre el futuro laboral de todo trabajador. También se proponen tres tipos de contrato: de prueba, de capacitación inicial y de labores discontinuas, permitiendo rebajar las condiciones contractuales utilizando cualquiera de estas formas para disfrazar el empleo de un trabajador por lo menos durante una temporada. También se legaliza la contratación por periodos cortos, muy utilizada hoy para evitar la generación de antigüedad. Esta clase de contratación permitiría legalizar el término injustificado de contratos en cualquier momento que el patrón lo considere, para luego recontratar a los trabajadores bajo nuevas condiciones, dando borrón y cuenta nueva a su condición laboral. Se agrega el despido libre, sin necesidad de aviso personal y mutuo acuerdo, como se plantea actualmente en la LFT.

Se menciona en la propuesta la consideración de los contratos temporales para sumarlo y “calcular las prestaciones y derechos correspondientes del trabajador”,  lo cual significa que sólo después de acumular suficiente tiempo, los trabajadores serán merecedores de estos derechos, eso puede darse sólo después de años de ser contratado por periodos cortos, aun que esta práctica sea anual.

La legalización de la subcontratación, que traslada las obligaciones de las empresas a terceros, de manera que no tienen que pagar seguridad social ni prestaciones permite además, fragmentar aún más a las organizaciones de los trabajadores, pudiendo existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo con diferentes condiciones de trabajo.

En cuanto al salario, según la iniciativa, se “tomará en cuenta” la inflación para la fijación del salario mínimo, sin embargo, no se plantean los mecanismos concretos para llevarlo a cabo, y sin considerar al sindicato, lo mismo con los bonos, incentivos y comisiones, con ello contraviene la contratación colectiva. Otra modificación importante con respecto al salario es la sustitución del salario mínimo, por el “salario infinitesimal” es un pago proporcional por el tiempo laborado con la base del salario mínimo, es decir, cada hora vale $7.47, de manera que se podrá pagar desde una hora diaria, rebajando la responsabilidad de estabilidad y jornada digna de trabajo.

También se contraviene la contratación colectiva al plantear en el artículo 59, la posibilidad de “convenir con el patrón la modificación del horario de trabajo en que se preste la jornada del trabajo, siempre que exista una causa justificada y sin que pueda exceder de los máximos legales”, esto implica la posibilidad de ampliación de tareas, cambio de los días de descanso contenidos en los contratos y de las horas de la jornada de trabajo y el ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción.

Con respecto al los derechos de lucha sindical, se reduce el pago de los salarios caídos a un año independientemente del tiempo que dure el juicio laboral, lo que al alargarse los juicios será en perjuicio del obrero y sin costo para el patrón. Esto implica serias desventajas para los trabajadores que emprendan una lucha, y por la vía de los hechos mermar el derecho a huelga de los trabajadores, es una medida directa a debilitar la lucha obrera. Al mismo tiempo se plantea alargar los juicios dividiendo la primera audiencia en dos apartados, supuestamente la idea es todo lo contrario, pero el planteamiento no se corresponde con la intención planteada como justificación de esta reforma.

Los periodos de prueba en la contratación, es hoy una práctica común pero no contemplada en la LFT, la contrarreforma pretende legalizarla, el pretexto es permitirle al patrón hacer su mejor apuesta, por lo tanto, es una medida más de inseguridad laboral para el trabajador a costa del beneficio empresarial.

La justificación de la reforma se escuda en datos bastante crudos sobre el desempleo, en la falta de oportunidades para jóvenes y mujeres o por ejemplo la falta de independencia sindical, pero solo se trata de frases demagógicas, que pretenden encubrir la contrarreforma más reaccionaria y dañina para la clase trabajadora.

El derecho al trabajo es de los más básicos para el hombre, es una contradicción tener tan altos índices de desempleo y que al mismo tiempo falte médicos en los hospitales o maestros en las escuelas. El trabajo debe ser digno en todos los terrenos y estar asegurado para toda la población en edad productiva, debe permitirse la organización sindical, su independencia y autonomía, sin embargo, esta contrarreforma implica un golpe al sindicalismo independiente favoreciendo al corporativismo, por ello no es raro que tenga el apoyo de la dirigencia de las centrales “charras”, aun así está lejos de darse la última palabra, y se hace aún más apremiante luchar por expulsar de una vez por todas a estos elementos que juegan de esquiroles del movimiento obrero nacional, y aglutinar al conjunto de la clase obrera entorno a la lucha para frenar la contrarreforma laboral.

El papel de los sindicatos

Revisando en detalle la contrarreforma laboral su objetivo es provocar un retroceso de un siglo en los derechos laborales y la relación obrero patronal. Desafortunadamente para dichos partidos y la burguesía las condiciones actuales de la lucha de clases (un Estado muy débil al lado de una clase obrera dispuesta a luchar con firmeza antes que permitir que los ataques de la reacción prosperen) no les permite ir más lejos decretando leyes como las que le permitieron a Porfirio Díaz reprimir sangrientamente huelgas como la de Río Blanco (1907) o dictar pena de muerte contra los obreros huelguistas, tal como lo hizo en su momento Venustiano Carranza (1914-1920) el cual nos obstante tuvo que afrontar la huelga general del 1916.

Es por ello que los sindicatos deben pasar a la ofensiva creando un frente único entre las organizaciones de los trabajadores, mismo que incluya no sólo a los sindicatos sino también a la masiva base militante del PRD y de Morena dirigida por López Obrador (AMLO) y cuyo objetivo sea el de convocar y organizar una huelga general de 24 horas para frenar la contrarreforma laboral, asumiendo al mismo tiempo la tarea de luchar para derrocar a Calderón.

La unidad no sólo se puede quedar entre los sindicatos del la UNT, el SME, mineros, el magisterio democrático, etcétera; la unidad se debe extender hacia los mismos sindicatos de la CTM y del Congreso del Trabajo (CT). Sabemos que los charros jamás convocaran a ninguna iniciativa seria para frenar la contrarreforma laboral, pero debemos confiar en los trabajadores agremiados contra su voluntad en los sindicatos corporativos y orientar hacia ellos nuestras iniciativas organizando brigadas de agitación y de poyo llamando a esos compañeros a unirse a la lucha a la vez de formar comités obreros por la democratización de sus sindicatos. Estamos convencidos de que si hay una convocatoria firme a la huelga general y si esta es acompañada de iniciativas solidas hacia los sindicatos bajo control de la CTM y el CT, los trabajadores de dichos gremios responderán con ánimos y energía.

La convocatoria a la huelga general no pude ir sola, tiene que ir acompañada de acciones y medidas para darle mayor certeza a ese llamado. Se tendría que convocar al un Consejo Nacional de Huelga  (CNH) al que acudan los dirigentes sindicales acompañados de delegados por cada centro de trabajo democráticamente electos en asamblea. En el CNH se tendría que debatir el estado de la lucha y la táctica a adoptar para impulsar la huelga general; por ejemplo un resolutivo que tendría que emanar del CNH sería el de organizar asambleas en absolutamente todos los centros de trabajo para debatir sobre la política antilaboral del régimen y las medidas a tomar; también se tendría que acordar la organización de brigadas de agitación y de apoyo para los trabajadores bajo el yugo de los charros de la CTM y el CT, así como brigadas que acudan a las colonias obreras, las comunidades campesinas e indígenas explicándoles la importancia de que se unan a la lucha cerrando vialidades, bancos, la bolsa de valores, centrales de autobuses, aeropuertos, carreteras, etcétera, y organizando comités de lucha. También dichas brigadas deberían conectar con los estudiantes para que impulsen asambleas en sus centros de estudios con el objetivo de unirse a la huelga general cerrando ese día las universidades y toda la red de enseñanza media-superior de México. También el día de la huelga general deberán ser convocadas movilizaciones de masas en las principales ciudades del país.

Por otro lado la política anti obrera de Calderón está en sincronía con la que está implementando la burguesía en todo el planeta, en esa medida otra tarea es la de impulsar iniciativas para poyar las luchas de los trabajadores en diversas partes del mundo, al mismo tiempo de crear una comisión que tenga como principal tarea logra el apoyo solidario de la clase trabajadora de otros países para la mexicana, pero que en especial que impulse acciones coordinadas con los trabajadores de otras latitudes. A toda costa nuestra consigna de lucha debe ser la de ninguna lucha aislada más tanto a nivel nacional como en el internacional.

Derrocar a Calderón y frenar la contrarreforma laboral significaría un gigantesco paso al frente para el movimiento obrero, sin embargo ello no necesariamente querría decir que se terminaría con la esencia del problema: la propiedad priva sobre los principales medios de vida. Por ello nuestra lucha por un mundo más justo necesariamente exige la nacionalización de las fortunas de los burgueses para ponerlas bajo la administración democrática de la clase trabajadora en el marco de una economía planificada, es decir bajo el socialismo. Para ser coherentes en la lucha contra la pobreza y en la defensa de los derechos laborales los sindicatos, Morena y el PRD tienen que recoger la bandera del socialismo. 


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