El asesinato del compañero Jesús Israel de CCH Sur, víctima de la violencia incel (célibe involuntario), así como las falsas amenazas de bomba en varias escuelas de la UNAM, fueron los pretextos bajo los cuales las autoridades universitarias justificaron la instalación de biométricos, arcos detectores de metales, torniquetes, cámaras de vigilancia y la credencialización. Este paquete de medidas represivas, de supervigilancia y control no se quedó en CCH Sur, sino que se extendió al resto de prepas, CCHs y facultades. Esta política, además, encontró un terreno fértil en una comunidad fuertemente influida por el discurso “seguritista” impulsado tanto dentro como fuera de la UNAM desde hace décadas, el cual asegura que la solución a la inseguridad y la violencia incluye militares, policías y mucha violencia punitiva. 

Lxs estudiantes, trabajadorxs y docentes de CCH Sur, la Facultad de Música y la Facultad de Odontología, iniciaron este semestre con torniquetes y biométricos. Si bien en el CCH esta medida sí fue acordada entre las autoridades y un sector de la comunidad, en las dos facultades fue impuesta por las autoridades y representa una señal de alerta para el resto de escuelas de la universidad, pues como declaró el rector en entrevista para Aristegui Noticias el 3 de octubre del 2025, los detectores de metales se colocarían en todas las preparatorias de la UNAM y se evaluaría su colocación en facultades, pues, aseveró, ya no había resistencia a estas medidas en ningún lado porque “hay un consenso de que la seguridad de la comunidad es primero”. Lo que Lomelí dijo, en pocas palabras, es que sin importar la opinión de la comunidad estudiantil y las críticas y protestas que se realizaban cada que se amenazaba con la implementación de estas medidas de vigilancia y restricción para el acceso a las instalaciones, la cúpula de la universidad ya había tomado una determinación, mostrando una vez más el carácter antidemocrático y represor de la casta dorada. 

La militarización de la UNAM refleja un viraje aún más conservador por parte de sus autoridades

La ofensiva que esto representa para el movimiento estudiantil organizado y la comunidad en su conjunto es enorme. Actualmente no existe preparatoria que no tenga restricciones para ingresar a ella; CCH Sur era el único centro que no había sido credencializado, y ahora no sólo ya lo está, sino que se ha convertido en el plantel con el control de ingreso más policiaco. Lo más alarmante no es eso, sino el hecho de que como estudiantes aceptemos estas medidas y adoptemos una lógica seguritista, pues cuando se anuncien nuevas políticas con tal visión de seguridad casi militar, no habrá resistencia. Y el problema es que es así, dichas medidas son parte de un proyecto de militarización y contrainsurgencia dentro de una universidad que ha girado más a la derecha desde la llegada de Lomelí.

En menos de un mes, entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre, se registraron más de una decena de amenazas de bomba en varias facultades, prepas, CCHs, y facultades de CU; muy convenientemente para las autoridades en medio de una jornada de lucha que inició desde mediados de septiembre con preparativos rumbo a la conmemoración del 26 de septiembre y que concluyó los primeros días de octubre. La suspensión de clases durante días en varias escuelas derivada de la presencia de estas supuestas amenazas logró desmovilizar a la comunidad estudiantil, mandándola a su casa en una de las pocas fechas en las que aún se organizan amplios sectores de estudiantes. 

Asimismo, las autoridades aprovecharon para mandar otro mensaje: los militares son bienvenidos en la universidad y su presencia, “justificada” o no, será normalizada; y es que entre esos meses se registró el ingreso de la Guardia Nacional a CU en al menos 3 ocasiones: la primera “por error”, otra para trasladar un caballo de la Facultad de Veterinaria y una más para revisar las instalaciones tras una amenaza de bomba. Ello vino acompañado, claro está, de una narrativa en la que la presencia militar era necesaria y deseable, además de no representar una violación a la autonomía universitaria argumentando que la GN solo ingresaba por petición expresa de las autoridades de la UNAM ante situaciones que lo requirieran. Misma justificación que usó el entonces rector, Juan Ramón de la Fuente, cuando el 6 de febrero del 2000, facilitó el ingreso de la Policía Federal Preventiva a CU para romper la huelga y detener a más de 400 estudiantes. La autonomía de la universidad siempre desaparece cuando se trata de infundir terror o de reprimir. 

Las movilizaciones ocurridas en septiembre y octubre fueron las razones por las cuales las autoridades cambiaron una pieza importante dentro de la estructura de la UNAM, movidos también por otro evento ocurrido el 26 de octubre: un aficionado del Cruz Azul fue asesinado por integrantes de vigilancia de la universidad. Fue por ello que el 14 de noviembre se nombró como secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU) a Manuel Palma Rangel, quien fungió como subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y como director General de Política y Desarrollo Penitenciario. Esto no es menor, anunciar que la seguridad de la universidad estará a cargo de un ex-carcelero confirma lo que ya decíamos: la estrategia de seguridad que se implementará en la UNAM será policiaca… y carcelaria.

Cuando la seguridad se militariza, el control se vuelve rentable para quienes dirigen la universidad

El afán de aumentar la vigilancia en los planteles proviene tanto de la búsqueda de control y de reafirmar el poder de la casta dorada, como de generar ganancias. La política del terror es también una herramienta de lucro para una élite que se llena los bolsillos. Gran parte de la tecnología de vigilancia universitaria proviene de empresas cuyo negocio se beneficia de la expansión de políticas de control, muchas de ellas vinculadas al sionismo. Esto no es fortuito: el proyecto sionista ha fortalecido sus políticas de apartheid, en gran medida, usando avanzadas tecnologías de vigilancia que luego exporta a los países que puede. 

Hikvision, la empresa china que fabricó los torniquetes recientemente instalados en la Facultad de Música (FaM) contribuye al genocidio y a la ocupación ilegal de los territorios palestinos ocupados, por lo cual el movimiento BDS la añadió a la lista de empresas objetivos de desinversión. Hikvision es el mayor proveedor mundial de sistemas de videovigilancia, siendo México su tercer mayor consumidor en el mundo, según datos de 2023. Encima, esta empresa ha colaborado con el gobierno chino en la Región Uigur, adaptando sus productos para implementar una vigilancia dirigida sobre uigures, kazajos y kirguises en Turquestán Oriental. Estos sistemas han facilitado detenciones arbitrarias y trabajo forzado.

La instalación de tecnología genocida pone en evidencia la hipocresía institucional y desenmascara a las autoridades de la FaM, que irónicamente, hasta el día de hoy es la única escuela de la UNAM que ha declarado que no mantiene relaciones académicas con Israel ni tiene intención de establecerlas, condenando todo acto de colonialismo y racismo. Su supuesto compromiso y rechazo terminó cuando se contrapuso a los intereses económicos y políticos de las autoridades, porque nunca fue real, desde el primer momento se trató de una simulación para mantener apaciguado al movimiento por Palestina de la tal facultad. 

Como universitarixs no podemos permitir que nuestras demandas sean instrumentalizadas para la adquisición de tecnologías de vigilancia que se crearon para segregar y exterminar a pueblos hermanos. Debemos retomar en todas las escuelas la demanda de ruptura de relaciones académicas, tecnológicas y económicas con Israel y con empresas que se beneficien del genocidio. Esta consigna debe vincularse con la exigencia del retiro inmediato de torniquetes, biométricos, arcos detectores de metales y demás tecnologías de vigilancia. La UNAM no puede disponer del dinero de la clase trabajadora mexicana para alimentar el negocio de las industrias criminales. No es accidental que los dispositivos que se utilizan en Palestina y China para el exterminio, aquí se usen para controlarnos, como lo demuestran los casos de lxs expulsadxs de Prepa 5 y el caso de persecución política emprendido por la Facultad de Derecho sobre una compañera activista, acontecimientos que tienen en común que la identificación de lxs compañerxs se dio a través de las cámaras de vigilancia de la universidad. Como lo ha dicho el movimiento en solidaridad con Palestina desde hace años: Palestina es el laboratorio de la burguesía internacional en la que se desarrollan proyectos y maquinarias genocidas que se replican en el resto del mundo. 

Debemos dar la batalla por la narrativa en todas nuestras escuelas y dejar en claro que la solución a la violencia incel no pasa por un aumento del control y políticas que criminalizan a la juventud, porque el problema no es de seguridad, es de salud mental y resultado de la cultura patriarcal. El problema es que los discursos misóginos y de odio proliferan en redes sociales a la par del auge de la ultraderecha y la precarización de la juventud. Eso lo saben las autoridades, pero prefieren ignorarlo porque es más conveniente para sus intereses decir que el problema es la inseguridad, aunque quienes nos violentan son compañeros con credencial y número de cuenta. 

Es urgente alertar sobre los peligros de la implementación de medidas seguritistas, la normalización de la militarización, el nombramiento de un ex alto funcionario del sistema carcelario y la adquisición de sistemas de vigilancia diseñados con fines genocidas. Es crucial que nos movilicemos por esto, pues mientras no detengamos estas políticas, y permitamos la inacción de las autoridades ante los problemas reales como lo es la salud mental, quienes seguiremos poniendo en riesgo nuestras vidas, seremos nosotrxs: estudiantes, docentes y trabajadorxs, quienes seguiremos a merced de un sistema de (in)seguridad que en la práctica solo nos ha dejado muertes y represión, siendo lo peor de todo que se paga con nuestro dinero.