Nacional

Pemex está significando uno de los puntos medulares donde el gobierno de AMLO pretende tomar mayor control en todas sus áreas, por no decir total, permitiendo con ello al Estado contar con mayores recursos financieros que den una salida solvente a todos los planes sociales proclamados.

Poco tiempo después de tomar posesión del cargo, el Ejecutivo Federal declaró: "nos dejaron el país hecho un cochinero", declaración en consonancia con la campaña electoral contra la corrupción, así las recientes acciones judiciales contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex se encuadra en esta línea.

Nueve han sido las renuncias de funcionarios pertenecientes al gobierno del gobierno de López Obrador durante estos primeros meses, incluidos personajes del círculo más cercano del presidente durante el último periodo como Carlos Urzúa a la Secretaria de Hacienda, German Martínez en el IMSS, o Josefa González Blanco en Semarnat. Las otras seis renuncias son de personajes que encabezan instituciones o direcciones generales.

Grupo México es un conglomerado criminal, para él que tampoco la salud y la seguridad de sus trabajadores han sido una prioridad. Ejemplo de esto, podemos verlo en las huelgas de Cananea, Sonora en 2004, que estallaron porque la empresa debía 14 años en sus pagos. Otro ejemplo atroz de impunidad fue la explosión por acumulación de gas metano en una mina en Pasta de Conchos, Coahuila, en donde 65 mineros murieron y hasta la fecha sus cuerpos siguen atrapados por negligencia de la minera y la complicidad del gobierno de Felipe Calderón.

Bajo el argumento de estar el transporte público al punto del colapso, Alfaro, como todos lo demás políticos, trasladan hacia las espaldas de la juventud y los trabajadores el costo de este tipo de servicios públicos que el Estado bien puede financiar de las arcas gubernamentales, arcas que se llenan diariamente con nuestros impuestos. Sin embargo, estos políticos mafiosos se hacen ricos robando las finanzas del Estado usándolos para beneficio propio, dándose una vida de privilegios.  

La Ley Garrote, aprobada en Tabasco, es una acción de los empresarios contra cualquier eventualidad que moleste sus negocios, las “obras públicas” que ahora impulsa el Gobierno de López Obrador. Quienes esperan ansiosamente clavar los colmillos sobre el sureste y el Istmo para engordar sus bolsillos, han tomado nota de su derrota en el nuevo aeropuerto de Texcoco y no quieren que se vuelva a repetir.

A un año de las elecciones y siete meses de gobierno de AMLO es más clara la necesidad de participar activamente contra la ofensiva de la oligarquía, así como combatir las tendencias de derecha dentro de MORENA y la política de AMLO de conciliación con la burguesía.

En el capitalismo la función principal de la policía es romper huelgas y reprimir otras formas de protesta contra la política de la clase dominante. Toda utilidad cívica que pueden tener otras formas de actividad policiaca como controlar del tránsito y llamar ambulancias es completamente secundaria a la función represiva primordial. Las tendencias personales de policías individuales no cambian esta función básica, todos deben de cumplir los dictados de los grandes dueños del dinero. 

Se les informa a todos nuestros compañeros y compañeras de las fábricas de Tepeji del Río que hemos laborado por muchos años en el ramo textil y que estamos organizadas para enfrentar el fraude hecho a las trabajadoras y trabajadores de Tropisol y Tropiplaya, fraude realizado por el patrón Salamón Rayek Fallena, en complicidad con el sindicato de la CTM, Sindicato Nacional de la Industria Textil representado por el Secretario Nacional Miguel Ángel Tapia y el delegado sindical local, Hilario Hernández.

A un año del primero de julio, la verdadera transformación sólo se podrá lograr con la movilización, y la lucha organizada de las y los trabajadores, jóvenes y campesinos, tomando el destino de nuestras vidas en nuestras propias manos y no depositando esa tarea en un solo individuo, por muy buenas intenciones que tenga.