La propaganda oficial no puede ocultar la continuidad de las políticas imperialistas y antisociales

El 20 de abril Joe Biden cumplía sus primeros 90 días en la Casa Blanca. Tres meses marcados por rimbombantes anuncios y declaraciones, presentados por muchos medios de comunicación estadounidenses e internacionales como un cambio drástico respecto a las políticas de Donald Trump. Una campaña propagandística que tiene muy poco que ver con la realidad.

La lucha en las calles obliga a condenar al asesino de George Floyd pero el racismo policial continúa

Biden y su equipo no han dudado en presentar la condena a Derek Chauvin, el policía que asesinó a George Floyd, como prueba de que las cosas están cambiando. El jurado ha declarado a Chauvin culpable  de dos delitos de asesinato en diferentes grados y uno de homicidio negligente, lo que podría suponer penas de cárcel de 40, 25 y 15 años respectivamente, aunque la sentencia final se conocerá dentro de varias semanas. Miles de activistas antirracistas se han echado a las calles para celebrar esta victoria, que no es resultado de ningún cambio en las políticas gubernamentales o el funcionamiento del sistema sino de la movilización en las calles y el temor de la clase dominante a una explosión social.

El mismo 21 de abril que el jurado declaraba culpable a Chauvin, Ma'Khia Bryant, una joven afroamericana de 16 años, era asesinada por la policía en Ohio. Incluso, el propio juicio por el asesinato de Floyd había terminado dos días antes con fortísimas medidas de seguridad debido a nuevas protestas contra la violencia policial. El motivo era otro asesinato racista en la misma Minneapolis a manos de otro agente el 11 de abril: Daunte Whright, afroamericano de  20 años, perdía la vida víctima del racismo policial a tan solo 15 minutos de donde transcurría el juicio. La indignación creció aún más el 15 de abril, tras descubrirse que el adolescente latino de 13 años Adam Toledo, asesinado el 29 de marzo en Chicago, iba desarmado y policía y fiscal habían falsificado pruebas para presentar este brutal asesinato como defensa propia.

Una vez más se evidencia que no estamos ante acciones aisladas de policías racistas o fascistas. Los gestos calculados de Biden, nombrando afroamericanos y latinos para su administración o reuniéndose con los familiares de las víctimas, no pueden ocultar que el racismo y la violencia policial son intrínsecos al capitalismo estadounidense y su aparato estatal.  Biden ha dejado claros los límites de sus políticas negándose a llevar a cabo ninguna depuración. Tampoco piensa recortar financiación de la policía racista para dedicarla a los servicios sociales y prevenir la pobreza y las causas materiales que provocan la marginalidad, la delincuencia o la drogadicción,  tal y como reclama el movimiento. Del mismo modo, tampoco tocará a las bandas racistas de ultraderecha que actúan amparadas por ese mismo aparato estatal o incluso forman parte de él.

La crisis en la frontera y la respuesta del Gobierno

Otro frente donde las declaraciones grandilocuentes de la Casa Blanca contrastan escandalosamente con sus medidas prácticas es la crisis  migratoria en la frontera con México. Durante la campaña electoral Biden prometió regularizar a 11 millones de migrantes sin papeles y acabar con las medidas represivas de Trump, empezando por el famoso muro contra la inmigración.

Cuando centenares de miles de hombres, mujeres y niños, procedentes de diferentes países centroamericanos, han llegado a pedir asilo, huyendo de la miseria causada en sus países por la crisis capitalista y las políticas imperialistas de la propia burguesía estadounidense, ¿cuál ha sido la respuesta de Biden? Enviar al ejército y las temidas patrullas fronterizas para perseguirles y deportarles masivamente mientras repite cínicamente: “No vengan ahora, porque tendremos que mandarlos de vuelta” (La Vanguardia, 18/03/21).

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Cuando centenares de miles de hombres, mujeres y niños, han llegado a pedir asilo, ¿cuál ha sido la respuesta de Biden? Enviar al ejército y las temidas patrullas fronterizas para perseguirles

Juan Sebastián González y Ricardo Zúñiga, responsables para América Latina y Centroamérica de la Administración Biden, "admitieron que se sigue utilizando el Artículo 42 (el mismo que empleaba Trump, nota nuestra), una ley vinculada a la pandemia que permite la deportación inmediata de migrantes sin trámite alguno”  (El País 27/3/21)[i]. Solo en febrero, según la Patrulla Fronteriza, fueron “aprehendidos más de 100.400 migrantes”. “Para encontrar una cifra similar habría que remontarse a junio de 2019, el mes después de que Trump llegara a un acuerdo con México, obtenido bajo amenaza, para que frenara la inmigración ilegal.(...) Si se mantiene el ritmo (de detenciones y deportaciones) se podrían alcanzar niveles mayores que en los últimos 20 años”  (El País 22/3/21) [ii].

Del “America First” de Trump al “Made in America” de Biden

A medida que Biden concreta sus medidas para enfrentar los males de la economía estadounidense queda claro que la esencia de estas no es diferente de las de Trump. El plan “Made in America” de Biden solo se distingue del “America First” de Trump en el lenguaje, más sobrio y calculado, planteando medidas proteccionistas muy similares. 

El motivo es que este tipo de  medidas o la adopción de una política exterior agresiva no obedecían a la voluntad personal de Trump sino a necesidades estratégicas de la burguesía estadounidense. Dentro de esta  hay divisiones profundas. El sector que apoya a Biden apuesta por disfrazar con un lenguaje conciliador y medidas cosméticas lo que realmente son sus políticas de ajuste contra las masas y su ofensiva por mantener la hegemonía imperialista mundial. Tienen miedo de que una ofensiva frontal -como pretende el sector que apoya a Trump- provoque una explosión social. Pero la profundidad de la crisis capitalista mundial y el debilitamiento del imperialismo estadounidense frente al emergente imperialismo chino reducen su margen de maniobra.

Las primeras decisiones de la Administración Biden  muestran que su política exterior es en esencia la misma que la de Donald Trump: mantener el apoyo al golpista de ultraderecha Juan Guaidó en Venezuela y las criminales sanciones que están agudizando hasta niveles dramáticos el colapso de la economía venezolana, afectando a la alimentación y salud de millones de personas, así como las sanciones a Irán o el bloqueo a Cuba. Portavoces gubernamentales han declarado que levantar el bloqueo “no está entre las prioridades” y cualquier suavización de este tipo de sanciones irá condicionada a cómo actúen los Gobiernos de estos países (aliados de China y Rusia). Es decir: un chantaje que busca fortalecer la posición de las multinacionales estadounidenses en la lucha por los mercados y las fuentes de materias primas.

Respecto al nuevo plan de estímulo económico presentado por Biden y aprobado en el Congreso, la campaña mediática ha alcanzado el paroxismo. El New York Times hablaba del “esfuerzo más grande en la lucha contra la pobreza en una generación”. Otros medios, del fin del neoliberalismo. Bernie Sanders y otros dirigentes de la izquierda del partido demócrata han apoyado prácticamente de modo incondicional el plan, concediendo a Biden el barniz progresista que necesita para disimular sus políticas al servicio de Wall Street. Alguna voz dentro de la izquierda reformista, aun criticando aspectos del plan, incluso planteaba si podría tratarse del primer paso hacia un nuevo estado del bienestar. ¡Qué bancarrota política!

Si desgranamos el plan, todas las ayudas sociales, además de tener a una cuantía muy limitada comparadas con las necesidades y la situación dramática que viven millones de familias trabajadoras, tienen como límite temporal septiembre. Esto no ocurre, en cambio, con las ayudas a las empresas. Además, no recoge ninguna de las medidas estructurales y reivindicaciones demandadas durante años por los sindicatos y movimientos sociales como el salario mínimo de 15 dólares la hora, la lucha contra la precariedad laboral o la creación de un sistema público de salud gratuito y universal. De hecho, las ayudas al gasto sanitario son inferiores a lo previsto y consisten en subvenciones de carácter limitado a servicios ofrecidos por los seguros privados.

Los defensores del plan obvian esto, destacando que su cuantía  -1,9 billones de dólares - dobla el plan de la UE contra la pandemia y supera ampliamente el que aplicó Obama para enfrentar la crisis de 2008. Ese dinero supone el 50% del total inyectado durante 2020 por la Administración Trump. Sumando ambos, representa el 32% del PIB. El Gobierno espera que, unido a la vacunación masiva, el plan permita reactivar por fin la economía. Su objetivo no es mejorar las condiciones de vida de las masas  sino tirar del consumo a corto y medio plazo y que la economía y las empresas estadounidenses recuperen al menos parte del peso perdido en el mercado mundial. Al mismo tiempo pretenden que la propaganda sobre el plan y el apoyo de los dirigentes de la izquierda reformista apacigüen el malestar social. Pero la profundidad de crisis capitalista mundial obstaculiza la consecución de ambos objetivos.

Recuperar la lucha en las calles y construir un partido de los trabajadores con un programa socialista

Los últimos años de intensa lucha de clases en EEUU y estos tres primeros meses de mandato de Biden demuestran que solo hay un modo de hacer frente al desastre que sufren millones de familias trabajadoras y derrotar a la ultraderecha trumpista: la movilización masiva en las calles, unificando la lucha contra el racismo y violencia policial con la lucha de las mujeres trabajadoras contra el machismo y la opresión de género, de los trabajadores migrantes por sus derechos, de la juventud y el conjunto de la clase obrera por empleo y salarios dignos, contra los desahucios y recortes, por una educación y un sistema de salud públicos...

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Solo hay un modo de hacer frente al desastre que sufren millones de familias trabajadoras y derrotar a la ultraderecha trumpista: la movilización masiva en las calles

La tarea de la izquierda es movilizar toda esa fuerza  y organizarla para construir un partido de los trabajadores armado con el programa del marxismo que luche por la expropiación de la oligarquía financiera y la nacionalización de toda la riqueza del país bajo el control democrático de los trabajadores para llevar a cabo una verdadera transformación social.

[i]  El asistente especial de Biden: “No tenemos una frontera preparada. Trump desmanteló nuestra capacidad”

[ii] La frontera sur saturada: así se llegó a la primera crisis migratoria de la era Biden


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